Fernando Villén Rueda (izda.), director técnico de la Faffe, en una reciente comparecencia parlamentaria.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado en el juzgado de instrucción las presuntas contrataciones irregulares de casi un centenar de ‘enchufados’ del PSOE en la fundación de la Junta de Andalucía Faffe, creada en un principio para la formación de parados.

La Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) ha sido utilizada presuntamente por sus directivos, según este sindicato, para contratar a casi un centenar de trabajadores con anteriores responsabilidades públicas como alcaldes o concejales socialistas o familiares directos de dirigentes del PSOE. En la denuncia, el SAF considera que la Faffe ha incurrido presuntamente en un delito continuado de prevaricación tras vulnerar los requisitos exigidos en la legislación para el acceso al empleo público, como son publicidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

La denuncia interpuesta por este sindicato remite a la doctrina del Tribunal Supremo sobre casos similares, tales como los casos de los alcaldes de Atarfe, de Jerez, de la Línea de la Concepción, O Porriño, Meco, Xinzo, la alcaldesa de Betanzos o la de Marbella, o el propio presidente de la Diputación de Ourense. En todos estos casos, algunos de ellos menos graves que los denunciados ahora por el SAF, la justicia “ha actuado con rigor, investigando y, posteriormente, condenando”, apunta el sindicato en una nota informativa.

Un director de esta fundación de la Junta pagó con su tarjeta black en un club de alterne

Del casi centenar de casos de enchufismo denunciados por el sindicato destaca el del ex alcalde de Lebrija, Antonio Torres García, contratado “por el mero hecho de haber dejado la alcaldía y no disponer de otro medio de subsistencia, o sea, simplemente para garantizarle una fuente de ingresos sin necesidad siquiera de que a cambio hubiese de prestar servicio alguno en la institución contratante”. El denunciante considera que todos ellos, contratante y contratado, son presuntamente responsables de sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El SAF también denuncia los casos del ‘tránsfuga’ Eduardo Cabeza Rodríguez, quien junto al alcalde de Camas (Sevilla), Rafael Recio, habrían incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias, después de que Cabeza fuera contratado en la Faffe a cambio de su voto en apoyo del segundo y también de dádivas.

Según consta en la denuncia, para que se pudiese llevar a cabo este presunto delito, debió ser preciso “necesariamente” que los responsables de contratación de la Faffe (su director general técnico, Fernando Villén Rueda; el director de Recursos Humanos, Antonio Jiménez Cuenca; y el jefe de Administración de Personal, José Manuel Cano Rosa) dieran su conformidad y “se aviniesen a ello” contratando a Cabeza Rodríguez.

Además de este caso, se encuentra el del mencionado Fernando Villén Rueda, poseedor de una tarjeta ‘black’ de la extinta Faffe, con la que ha reconocido que “por error” pagó “sólo” 538 euros en un club de alterne, que es el actual director general técnico de la Faffe y secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, por la contratación de su esposa, su cuñado y su sobrino.

También ha sido denunciado Francisco Javier Guerrero, quien fuera director general de Empleo de la Junta y actualmente juzgado en el caso de los ERE irregulares junto a otra veintena de ex altos cargos de la Junta. El SAF lo denuncia por la contratación de sus amigas “y paisanas” María José y Rocío Sayago Gómez.

También forman parte de esta denuncia colectiva, que suma a 85 trabajadores vinculados al PSOE, el ex alcalde de Camas y ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, por la contratación de tres sobrinos.

El SAF considera que en todos estos casos los funcionarios se valieron de su prevalencia en la Consejería de Empleo, desde donde supuestamente influyeron y presionaron hasta imponer a las autoridades contratantes su deseo de contratar a sus familiares en la citada fundación.

El SAF lamenta que, pese a las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, la fiscalía no haya iniciado una investigación al respecto. “No consta públicamente que se hayan abierto diligencias judiciales por estos hechos”, apunta el sindicatos de funcionarios. Pese a la existencia de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por presuntos fraudes en la contratación administrativa y por presuntos fraudes en la gestión de los cursos del sistema de formación profesional, no se ha iniciado ninguna investigación judicial por la contratación presuntamente irregular de los propios trabajadores de la Faffe. “Por tanto, según la información de que se dispone, la denuncia de este sindicato es la única que hasta la fecha se ha formulado en relación a tales contrataciones de personal”, apunta el SAF.

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