Captura de pantalla de vídeo de Arran

La acción del grupo Arran contra el portal de la vivienda del juez Pablo Llarena ha generado una nueva polémica en Cataluña, sobre todo porque ha surgido el debate sobre quién ostenta la responsabilidad de tal acto: las personas que pintaron el domicilio de amarillo, la forma de instruir la causa del Procés del magistrado o, definitivamente, la división que está viviendo el pueblo catalán a causa de quienes, tanto de un lado como del otro, no quieren un diálogo sino la política de los hechos consumados. Tal vez la respuesta a este debate sea que esa responsabilidad es compartida.

Por un lado, no es justificable ningún acto de violencia contra nadie ni contra la propiedad de ningún ciudadano, sea quien sea. Por tanto, independientemente de que la casa sea de Pablo Llarena, de Albert Rivera, de Oriol Junqueras o de Carles Puigdemont, la violencia no es el camino para lograr los fines. Otra cosa es la interpretación que se le dé a esos actos. ¿Unas pintadas pueden considerarse actos violentos? Son un atentado a la propiedad, pero en ningún caso se trata del ejercicio de la violencia, porque considerarla tal cruza una línea roja muy peligrosa. Lo que en ningún caso es justificable es la comparación con la Noche de los Cristales Rotos que desde algunos medios o desde algunos partidos políticos autodenominados constitucionalistas se ha querido hacer porque, además de que no es correcto el paralelismo, demuestra un analfabetismo histórico preocupante, ya que lo mismo se podría decir de los ataques por parte de los unionistas a las sedes de los partidos catalanes.

Otro asunto muy diferente es el victimismo que se le ha querido aplicar a Llarena por este y otros incidentes sufridos, además de querer trasladar la responsabilidad al Ministerio del Interior. Pretender victimizar a quien también está victimizando a otros es un camino peligroso porque, en cualquier momento, es posible que las tornas cambien de sentido y el afectado se convierta en ejecutor porque los acontecimientos así lo dictaminen. ¿Hubo fallos en la seguridad de la casa de Llarena? Puede que sí o puede que no teniendo en cuenta que esa vivienda no es la habitual del magistrado. ¿Se pretende desde algunos sectores que se activen protocolos de vigilancia extrema a los lugares en los que la integridad física de la persona a proteger no se encuentra en peligro?

Por otro lado, esos actos se producen siempre como respuesta a algo. Ahí entramos en el terreno de la responsabilidad pasiva del sujeto. La instrucción que está ejerciendo Pablo Llarena de la causa del Procés está llena de irregularidades, tal y como está publicando Diario16: acusaciones por delitos que no están en nuestro Código Penal, no incoación de los autos, supresión de la euroorden, encarcelamiento de los políticos catalanes por presuntos delitos que la Justicia europea no cataloga como tal, aplicación de presunciones como pruebas, etc. Esto indigna al pueblo y éste reacciona, de un modo condenable, sí, pero como reacción a una acción.

Por otro lado, tenemos el clima de crispación generado tanto por el sector independentista como por el sector unionista que ha tenido como consecuencia más inmediata la radicalización y la polarización de la sociedad catalana. La política democrática no se basa en la imposición de hechos consumados, ya sea la declaración unilateral de independencia, ya sea utilizar la Constitución como arma arrojadiza. En democracia se avanza a través del consenso y del acuerdo. Si hay una parte que no quiere dialogar es problemático, pero cuando son las dos las que lo niegan se provoca una situación de violencia institucional que se traslada a la ciudadanía porque ésta, al fin y al cabo, es quien sufre las consecuencias reales más inmediatas.

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