Pues, no lo sé. ¿A qué criterios podemos desarrollar las oportunidades de los nuevos y de las nuevas profesionales? ¿Qué políticas se deben hacer para que las instituciones de hoy den oportunidades laborales y profesionales para las generaciones presentes y futuras? Me quedé indignado como estudiante que finaliza su curso académico de Arquitectura cuando entro a consultar una licitación. En este caso, del Ayuntamiento de Barcelona. Y no para criticar al Ayuntamiento, si no como ejemplo, que aparece en otras administraciones.

Recientemente, en marzo pasado, entró en vigor la nueva ley de contratos con la Administración. Una ley adecuada a las nuevas exigencias de transparencia de la Unión Europea. Hasta aquí, todo correcto. Además, dando publicidad que esta ley daría facilidad a las pequeñas y medianas empresas. Correcto. Fantástico. Una oportunidad para la creación de nuevas empresas, facilitar a los nuevos profesionales como nuevos emprendedores y generadores de nuevos puestos trabajo. Además de facilitar la experiencia de nuevos profesionales (este punto no se considera en las licitaciones publicadas).

Cuando consulto a la Plataforma Única de Licitaciones del Estado (plataforma de obligado cumplimiento para todas las administraciones estatales, autonómicas y locales a partir de un volumen del coste del contrato) me quedo con una primera oferta, del Ayuntamiento de Barcelona, ​y donde consulto los criterios de solvencia técnica: los criterios del personal técnico para poder participar en la licitación. Sorprendido! O, Sorpresa! Los técnicos coautores del proyecto deben tener una experiencia de más de 10 años. Y gracias, algún técnico sólo cinco años. Y además, experiencia relacionada al ámbito del proyecto.

O sea, que un profesional recién formado, de finalizar el curso a tiempo indicado en su plan de estudios (lejos de la realidad en los grados de ingeniería superior y arquitectura) – 5 años de grado más 1 año de máster de habilitación profesional- nos dicen que hasta 10 años más no podemos acceder a una licitación o contratación pública. Más precisos, un Arquitecto o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos no puede hacer ninguna obra pública (uno de los fines de estos profesionales) al cabo de 10 años o cuando tenga la edad de 34 años. Pero, si aplicamos a la realidad estudiantil, los 6 años de estudios se convierten en 7 u 8 y más en los estudios de Arquitecto. En resumen, que hasta que no tenga 40 años (entrada a una segunda juventud) no podrá disfrutar y proyectar, si gana, de alguna obra pública.

El otro día, por cuestiones profesionales, consulté el informe del INE sobre la previsión demográfica de España hacia el 2064. Vertiginoso … Una previsión del 70% de la población con una edad de más de 65 años. Con un 20% o menos de la población sólo activa. Preocupante situación si, además, condicionamos el acceso profesional y laboral durante el presente. ¿Quién pagará las jubilaciones?

No voy a entrar ni quiero hacer valoraciones y conclusiones personales maquiavélicas. Ni con qué objetivos se quieren incidir para aplicar estas actitudes en estas direcciones y dentro de las instituciones públicas. Lo que sí veo, son contratos públicos para consejos de viejos o de sabios, criterios de civilizaciones antiguas, incluso, pre-grecorromànicas en pleno siglo XXI.

Esto, me recuerda, a un profesor de proyectos. En su despacho tenía todo un armario repleto de CDs. Le pregunté que eran y me respondió, con toda sinceridad, que eran los proyectos de sus alumnos a lo largo de su docencia. El profesor es un arquitecto conocido que durante años ha participado con diversas obras públicas y tiene una larga experiencia en grandes proyectos, en base a los proyectos de sus alumnos.

¿Qué conclusión puedo llegar? Si me permite, veo un intento de tráfico de la propiedad intelectual de los nuevos y nuevas profesionales. Nuevos y nuevas profesionales dando proyectos con salarios irrissorios o contratos abusivos que, con cierta indefensión, están vendiendo su propiedad intelectual y profesional a la explotación.

Y lo que más me indigna, que se promueva y se fomente desde las instituciones públicas.

 

 

Sergi Gómez

Estudiante de último curso de Arquitectura

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