Cualquier tipo de pacto requiere: voluntad de llegar a un acuerdo en defensa de legítimos intereses contrapuestos y buena fe, conscientes de que algunos de los postulados quedarán sobre la mesa para mejor ocasión; margen de maniobra, propuestas prioritarias. Un pacto político con la derecha reaccionaria que representa el PP no sería para conseguir, sino para no seguir perdiendo. El pacto ha de pasar por convocar Cortes Constituyentes y elaborar una nueva Constitución acorde con los tiempos.

Mariano Rajoy llegó a ofrecer al PSOE un gobierno de salvación nacional, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y las grandes reformas que el PP tiene pendientes. También estaba dispuesto a negociar un pacto de legislatura de dos años. Cualquier cosa por mantenerse en el poder a costa de todo. En la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez, le entregó un documento, que ha enviado al resto de los partidos, «basado en los valores constitucionales, los consensos europeos, moderado y abierto a los pactos». El Programa para el Gobierno de España, «es una propuesta moderada y abierta al diálogo y a los pactos», ha afirmado Rajoy. Por fin sabemos que nos quiere gobernar, que quiere sesión investidura y estabilidad para el futuro gobierno. Tanto el PSOE como Ciudadanos han rechazado negociar la investidura con ese documento, por ser una síntesis del programa popular. Todos, PSOE, Podemos, Ciudadanos, CDC, ERC y PNV le han dado su negativa a apoyarle, salvo Coalición Canaria, que votará a favor.

Quiere unos «Pactos de la Moncloa», segunda versión. En sus conversaciones con los líderes políticos, de los que no ha conseguido el apoyo que buscaba, Rajoy les ha trasladado tres grandes «mínimos» para poner en marcha una legislatura: las elecciones no deben repetirse de ninguna de las maneras; que el gobierno «debe constituirse a la mayor rapidez posible, «porque se llevan muchos meses en funciones y más de un año sin presentar Proyectos de Ley en las Cortes»; y que el nuevo gobierno tenga una cierta estabilidad, con margen de maniobra para gobernar. Aquellos pactos firmados en la Moncloa, fueron posibles por las circunstancias excepcionales que concurrían, que no son las de hoy, pese al desastre nacional actual, provocado por las políticas neoliberales del gobierno, con el desmantelamiento del Estado Social y la eliminación de derechos. Objetivamente son otras circunstancias históricas, sociales, económicas, y políticas.

En 1977, la justificación de los «Pactos», venía dada por la gravedad de la situación, aumentada por la crisis del petróleo de 1973; caracterizada por una persistente y aguda tasa de inflación (47%); un desarrollo insatisfactorio de la producción, con una fuerte caída de las inversiones, que generaba unas elevadas cifras de paro (tasa del 7% que afectaba a 900.000 personas); y un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero (el 66% de la energía era importada). «Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional en el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica», decía el documento. Salíamos de una dictadura, el pueblo había aprobado en referéndum su voluntad de cambio, y se habían celebrado las primeras elecciones generales después de la oscura noche de cuarenta años para las libertades. La situación era propicia para comenzar la andadura democrática con un gran «consenso» político.

Tanto los representantes del Gobierno de Adolfo Suárez, como los de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria –Felipe González, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván, Joan Raventós, Josep Maria Triginer, Manuel Fraga, Juan Ajuriaguerra, Miguel Roca y Leopoldo Calvo-Sotelo–, manifestaron su unánime preocupación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente los problemas en un clima de cooperación responsable que contribuyera «a la consolidación de la democracia». Para ello, convinieron llevar a cabo dos grupos de acciones: «las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso».

No son tiempos de pactos con la derecha. Un pacto de Estado como el que pretende algunos sería viable, si se iniciara frente a un papel en blanco y se fuera rellenando con las legítimas propuestas de las partes; que recogieran los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía, los agentes sindicales, económicos y sociales: todos con la misma representatividad y en igualdad de condiciones. No hay un clamor en España para que todos juntos encontremos una salida urgente a la situación, aunque los partidos deberían tener en cuenta la situación de descrédito de la clase política, que según Barómetro del CIS, es el cuarto problema para el 21,1% de la población, tras el paro, la corrupción y los problemas de índole económico.

No es posible un pacto, aunque Ciudadanos, pese a lo que decía –aunque se esperaba–, ya se ha plegado incondicionalmente a Rajoy y votará no a su investidura en primera ronda y se abstendrá en la segunda. El PSOE en su laberinto, espera el fracaso de Rajoy, sin saber bien para qué. Pedro Sánchez afirmó que votará en contra de investir a Rajoy «en todo caso», aunque en otro momento señaló que el veto se mantiene «a día de hoy» y «si el PP tiene 137 diputados». Sánchez evitó en esta ocasión situarse explícitamente en la oposición, dijo que en su partido «estará en la solución». El Comité Federal acordó votar contra la investidura de Rajoy y quedó aparcada la apuesta por la abstención. Tendrán que calcular que es lo mejor: si esperar al desgaste de un gobierno del PP en minoría, acudir a otras elecciones, o pactar con Unidos Podemos y las otras fuerzas políticas e independientes que le piden que se pongan al frente de la operación. Todos quieren evitar ser responsables de unas terceras elecciones y sin decirlo prefieren que se convoquen. Rajoy ya tiene el 27 de noviembre como fecha de los comicios.

Cuando un edificio se tambalea, precisa o derribo o reforma integral de su estructura. Un pacto de Estado hoy, pasa por convocar Cortes Constituyentes para una nueva Constitución; referéndum sobre el modelo político del Estado; equiparar los derechos sociales con los derechos fundamentales, blindados con las mismas garantías; reforma del estado de las autonomías, hacia el Estado federal; modelar un estado auténticamente laico, con la separación real y efectiva con cualquier iglesia o confesión religiosa; así como abogar por un Sistema Electoral justo, para que todos los votos valgan lo mismo.

Con un pacto no puede legitimarse a un Gobierno, que ha ejecutado políticas regresivas, reaccionarias y contra las libertades, los derechos y con el mayor grado de corrupción en la historia de la democracia. Un pacto sí, por una ley de punto final, que derogue la legislación antisocial del PP, que restituya los derechos sociales y laborales eliminados; que los servicios públicos esenciales que han privatizado, vuelvan a ser públicos y al único servicio de la soberanía ciudadana.

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