El equipo de Mariano Rajoy se esfuerza en explicar que todos se equivocan. Habiendo conocido al personaje, mucho me temo que esté convencido que lo ha hecho bien. La cuestión a dirimir será, por tanto, si su idea del “bien” coincide con la que tenemos la mayoría de españoles. Gran conjunto ciudadano que ha resultado perjudicado notoriamente por sus decisiones. Para explicar este diagnóstico bastaría con apreciar quienes se han beneficiado estos años del esfuerzo del conjunto. De estas ponderaciones resultaría que han sido los que se amparan en una legalidad diseñada para sus propios intereses en desmedro del general. La pregunta sería: ¿a quién protege la Justicia vigente?

Los hechos son tercos, pese al relato oficial difundido sin descanso por todos los medios dependientes de la pauta de publicidad institucional de La Moncloa: Bruselas aplazó este miércoles la decisión sobre las sanciones a España y Portugal por los incumplimientos del déficit para no influir en la campaña electoral del 26-J. En cualquier caso, la Comisión Europea hizo un esbozo de la que será la herencia que este gobierno sigue calificando de exitosa. Gracias a esa incompetencia, para el próximo gobierno se le impondrá un ajuste fiscal de más de 8.000 millones entre 2016 y 2017. Esta realidad, como puede suponerse, condicionará la próxima legislatura. Pero, como si ello no fuese suficiente, pende sobre todos y cada uno de los españoles que no podemos escapar a Panamá,  una posible multa de hasta 2.000 millones, que Bruselas deja para julio, curiosamente después del 26-J y del referéndum británico. Simples coincidencias que pretenden hurtarse del debate durante la campaña que se inicia.

La permanencia de la elusión fiscal vía paraísos fiscales mediante; la anulación de los mecanismos regulatorios de la actividad financiera con los excesos rayanos en la usura, a juzgar por los fallos que llegan del Tribunal de Justicia Europeo de Estrasburgo; la demostrada desarticulación de los entes que deberían velar por la competencia empresarial. Todos son sólo una parte de la deserción a la que se han abocado los administradores políticos, con la necesaria complicidad de los legisladores, merced a la acción de las presiones de los oligopolios financieros, energéticos y constructoras.

La Fiscalía de Valladolid denuncia los casos de Pujalte y de la ex senadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la empresa Sirga XXI Consultores. Por economía de este espacio, sólo los dejo como ejemplos que evidenciaron la impunidad con la que se han venido manejando en materia de conflicto de intereses o corrupción lisa y llana. Los aforamientos están allí para algo.

El caso de la corrupción generalizada, estimada en 40 mil millones de euros al año, que ha sido y es una actividad que sigue disfrutando de las ventajas de una legislación desde todo punto de vista poco efectiva para neutralizar sus actividades. Sumemos el recorte de recursos a la justicia para afrontar con éxito lo que verdaderamente importa: la ruta del dinero desde los corruptores a los corruptos y, desde estos, a la maquinaria de blanqueo del dinero. Sin medios habrá impunidad.

En esta cuestión, la responsabilidad de los gobiernos anteriores, sean de González, Aznar o Zapatero, no se distinguió por ejercer una verdadera acción para cortar y eliminar de raíz esa lacra. Es el caso de la desmesurada magnitud con la que se han incrementado sus patrimonios personales. La función de verdaderos lobbistas que la mayoría de los ex cargos asumen sin rubores, en las estructuras empresariales, para las que sólo parecen disponer de sus contactos con los centros de decisión política, son desde todo punto de vista inaceptables. Véase quienes están configurando los equipos económicos de los partidos que se presentarán el 26J. Indaguen de donde han venido para “salvar a España”.

Véase como se vea, los hechos ponen a cada uno en su sitio: este sistema bipartidista se convirtió a lo largo de estos años en la correa de transmisión institucional a través de la que se han beneficiado grupos, personas e instituciones. De más estaría destacar quienes han sido los perjudicados. Si bien unos ofrecieron la vigencia de leyes que aportaron avances en derechos civiles, mientras otros los restringieron, ambos fueron cómplices en crear los oligopolios que acaban de coartar la formación de un gobierno que hubiese significado un cambio de modelo.

La diferencia estriba en determinar si el votante es una unidad social a la que hay que responder por el cumplimiento de un programa electoral o, por el contrario, un pretexto para llegar al poder. Si concluimos que se trata de esta última opción, entonces estaríamos en una democracia fallida.

¿Por qué modelo te decidirás el 26J?

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