6 de octubre, 84 años de la proclamación del Estado Catalán por parte del presidente Companys. Tentador caer en la trampa de establecer paralelismos históricos. Lo hizo Aznar hace unos días. Vamos a sumarnos al arriesgado ejercicio, desde el campo opuesto y desde el posicionamiento republicano. Y más cuando todavía estamos descolocados en el análisis del último año de la política catalana con un cierto alejamiento de la coyuntura y el partidismo.
Y entre los paralelismos, el primero, los detonantes: la vulneración de la autonomía del Parlamento de Cataluña. Con la anulación de la Ley de Contratos de Cultivo por el Tribunal de Garantías en 1934, y con la reciente anulación de 35 leyes sociales de la pasada legislatura y la sentencia del TC de 2010 que modifica y desvirtúa un Estatuto aprobado en el Parlamento, a las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía en 2006. ¿Se puede vulnerar mayor legitimidad democrática?
La voluntad de defender la proclamación del 1934 con el recurso a la fuerza, tanto de los cuerpos policiales bajo dependencia de la Generalitat como de las milicias armadas existentes, no tiene nada que ver con las derivadas de la proclamación de la República el 27 de octubre de 2017, pues esta se acompañó de la suspensión temporal de sus efectos, y el rechazo al uso de la resistencia policial y popular en su defensa.
A pesar de esta diferencia, la respuesta represiva del estado se ha demostrado tercamente coincidente, tanto en 1934 como en 2017. El grado de intensidad ha venido marcado solamente por los diferentes «medios» y grados de resistencia. Así, la represión policial y el uso de la violencia, a pesar de ser constante, se ha dado de forma brutal y escenificado públicamente sólo el 1 de octubre. Mientras que el 6 de octubre del 34 la voluntad de resistencia popular e institucional se encontró como respuesta un grado más de represión del estado, que recurrió al uso del ejército para acabar con los núcleos resistentes armados en defensa del Estado Catalán, tanto de las unidades de mossos como de los pelotones armados. Hasta 74 muertes se producen antes de la derrota de la Generalitat, entre ellas las recordadas tres víctimas de la sede del sindicato del CADCI.
La praxis política en la Europa de los años 30 ‘s, con una militancia encuadrada y proclive al recurso a la fuerza y la violencia, marca unas diferencias éticas y estéticas respecto a la situación actual muy visibles, que hacían también menos sutil la represión y el combate político de entonces. La práctica actual viene marcada por lo que podríamos llamar avance del proceso civilizatorio, así como por el imperio de la utilización mediática y la creación de relato y discurso desde múltiples fuentes.
La represión judicial presenta también similitudes, a pesar de los tempos en 1934 fueran mucho más cortos, con una causa general que llegó a los Ayuntamientos y se tradujo en 3.400 encarcelados políticos a finales de ese año. Anulación de la Generalitat, condenas de 30 años de cárcel por sedición para el presidente Companys y su gobierno, de la que sólo se entrega el consejero de gobernación Josep Dencàs marchando al exilio, recuerdan el 155 y lo que vendrá.
Hechos de octubre, ambos, que no hacen aparecer un nuevo Estado, ni modificar el régimen. La prisión del presidente Companys y de su gobierno fue revertida con las elecciones de febrero del 36, cuando el triunfo del Frente de Izquierdas provoca un vuelco radical de la situación. Como había pasado con las elecciones de 12 de abril de 1931, que llevan al 14 de abril y en la proclamación de la República Catalana, después diluida en la 2ª República española el 17 de abril. La fuerza democrática, electoral, en unas elecciones convocadas por las instituciones competentes en el marco legal existente, es una palanca de cambio fundamental.
Por lo tanto, la legitimidad democrática es fundamental e imprescindible, pero puede no ser suficiente. El control de las fuerzas de seguridad del estado es clave en el monopolio del poder y la violencia, como bien describe la ciencia política. En el 31 el rey huye. En el 34 detienen al presidente Companys. En el 36 la misma guardia civil que lo había detenido se cuadra esperando directrices: «a las órdenes presidente».
Encontraríamos ejemplos de relativos éxitos y relativos fracasos, con concreción de cambios en modificaciones de la estructura institucional o el poder político, o que se quedan en cambios larvados, de mentalidad y vinculaciones afectivas, de cosmovisión, que son semilla de posteriores victorias en una partida que parece que nunca se acabe.
Desde el campo republicano tenemos legitimidad democrática. No es despreciable. En democracia debería ser suficiente. ¿Pero es España una democracia hasta las últimas consecuencias? O, dicho de otro modo, ¿aceptará nunca España, democráticamente, la pérdida del poder sobre una parte importante de lo que considera su territorio y su población?
Históricamente, cuando la voluntad popular expresada democráticamente ha hecho peligrar los privilegios de los de siempre, se ha sacrificado la democracia antes que sacrificar la sacrosanta unidad de la patria. Las estructuras de estado, las que tienen el monopolio de la violencia, jueces y policías, no lo han permitido. Por lo tanto, una clara mayoría democrática que dé legitimidad es imprescindible pero no suficiente. Hay que mantenerla, ampliarla y fortalecerla, para hacerla menos reprimible por los resortes del estado.
