Hace tiempo que España debería haber implantado el nuevo modelo policial que requiere. No es coherente que los ciudadanos de un mismo país no disfruten de garantías comunes, situación derivada de las desigualdades que genera un modelo territorial uniforme heterogéneo en prestaciones económicas, de seguridad, de sanidad, de enseñanza, etcétera. Así en España, el PIB per cápita en Cataluña es de 28.500 euros, mientras que para un extremeño es de apenas 16.000, algo que pone en duda el principio de solidaridad entre las Comunidades Autónomas. Existen muchos más ejemplos.

Centrándonos en el fondo de la cuestión, que es el modelo policial en España, ocurre exactamente lo mismo, y es que la forma en que recibe la seguridad pública un andaluz, un castellano manchego, o un murciano, por citar algunos ejemplos, no es la misma que la seguridad que la Administración y los poderes públicos ofrecen en Cataluña y País Vasco, donde estas comunidades gozan de sus propias policías autonómicas, por cierto mejor dotadas de material y salarios que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional.

Esto es una situación anómala, no por la existencia de policías autonómicas, sino por no la indefinición del modelo policial. Si se apuesta por la creación de cuerpos policiales autonómicos, estos deben implantarse en todas las zonas geográficas, y, por el contrario, si no se elige esta opción así debe ser igualmente para todos. En definitiva, se debe establecer un dialogo social, y trabajar para establecer un nuevo marco legislativo que defina las competencias, coordinación y creación de cuerpos de seguridad. De manera que nuestro modelo de seguridad pública para que sea igual y equitativo para todos los ciudadanos.

Ahora, y derivado de la no definición del modelo policial, nos encontramos con una situación comprometida en Cataluña, donde la cuenta atrás está a punto de llegar a su final y las dudas se despejarán. Desde luego, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC- no tenemos dudas en la lealtad operativa entre las bases de todos los cuerpos policiales. Somos policías, pensamos como policías y trabajamos como policías, y si algo tenemos claro entre nosotros es que existe una máxima de “hoy por ti, mañana por mí”.

Por eso, llegado el momento los Mossos estarán del lado de la legalidad, de los ciudadanos, del mantenimiento del orden público y salvaguardar los derechos y libertades. A pesar de que esta lealtad operativa no aparezca tan definida cuanto más se asciende en la escala jerárquica. Esto es fruto del choque de trenes que existe en la administración central y la autonómica, los cuerpos policiales estatales reciben instrucciones del gobierno central y los Mossos del gobierno autonómico, y todos de los jueces y fiscales. Esto se traduce en tensiones y ambigüedades en muchas ocasiones, y cuanto mayor sea la situación de excepcionalidad más se notarán estas diferencias.

Con ganas de que llegue el 2 de octubre sin que se hayan dado situaciones de peligrosidad, que todos los guardias civiles y policías nacionales que están allí comisionados puedan regresar a sus hogares cuanto antes, y quienes están destinados en Cataluña puedan recobrar su vida normal y seguir disfrutando de su plena integración en la sociedad catalana. Y, por supuesto, que todo ello ocurra “sin novedad” y habiendo cumplido nuestro cometido como siempre hemos hecho hasta el día de hoy.

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Guardia civil destinado en la unidad de Tráfico de Tenerife, es el secretario de comunicación y portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en la Guardia Civil. Ingresó por vocación y pronto se convirtió en un luchador ingénito en la defensa de los derechos de los y las guardias civiles, para conseguir el cambio hacía una Guardia Civil plenamente democrática y del siglo XXI. Actualmente desarrollando el Trabajo Fin de Grado de Sociología, por la universidad de La Laguna, en la realización de un estudio sobre la percepción de ciudadanía de los guardias civiles y su relación con la sociedad.

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