Los expertos que atienden a las víctimas de violencia de género en Andalucía trabajan sin un protocolo que coordine sus actuaciones. La Junta de Andalucía no tiene ninguno en funcionamiento después de 12 años de la entrada en vigor de la Ley de violencia de género aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que así lo recogía en su articulado como elemento imprescindible para una correcta y adecuada atención a las mujeres maltratadas.

La Administración andaluza llegó a elaborar tres protocolos apenas unos meses después de esta aprobación, concretamente en 2005, pero nunca se aplicaron. De hecho, recientemente también ha sido retirado de la página web de la Consejería de Justicia e Interior el supuesto documento que nunca se tomó como herramienta fundamental de trabajo por la sencilla razón de que no tenía contenido alguno. Estaba vacío.

Desde la Consejería de Justicia e Interior del Gobierno de Susana Díaz se argumenta que esta ausencia de protocolo se debe a una razón de “eficiencia”. Un portavoz de dicho departamento asegura a Diario16 que los forenses siguen exclusivamente las instrucciones de la Dirección General de la Oficina Judicial tras atender los criterios aprobados en 2012 y posteriormente en 2015. “Este procedimiento es más eficiente que un solo protocolo”, apunta un portavoz de la Junta. De este modo, en Andalucía, cada coordinador de las ocho provincias de la comunidad del Instituto de Medicina Legal establece sus propias pautas a discreción.

Sevilla cuenta con una sola unidad de valoración de las víctimas y Madrid tiene una por juzgado

La realidad es bien distinta, cuentan a Diario16 expertos en violencia de género. Al no existir una norma de obligado cumplimiento, cada forense actúa en todo momento según su propio criterio científico y profesional, por lo que no existen pautas oficiales homogéneas de derivación de víctimas ni prácticamente nada de obligado cumplimiento.

De este modo, tanto psicólogos como médicos forenses o asistentes sociales realizan sus labores sin un programa coordinado que optimice la atención a las mujeres que han decidido dar el paso adelante de denunciar a sus agresores. Solo la discrecionalidad de los funcionarios judiciales o de los propios forenses intenta suplir con más voluntad que efectividad y medios una política de protección a las víctimas muy lejos de estar coordinada a nivel institucional.

Sirva de ejemplo que en toda la provincia de Sevilla funciona una única Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, más conocidas como Uvivg, compuesta en este caso por unas cinco o seis profesionales: tres forenses, dos psicólogos y un trabajador social. Para contrastar este dato, cabe destacar que solo en Madrid existe una Uvivg por cada uno de los 11 juzgados de violencia sobre la mujer.

 

Impotencia

La reclamación de todos los estamentos implicados en la lucha contra los malos tratos para incrementar la dotación de Uvivg para atender más y mejor a las víctimas sigue cayendo en saco roto por parte de las Administraciones y lleva a muchos jueces y abogados especializados a la impotencia más absoluta. Incluso hay jueces que reclaman menos informes detallados a los responsables de las Uvivg, porque saben que no dan abasto y se limitan a solicitarlo únicamente en los casos más lacerantes. También los abogados eluden reclamar más informes de sus defendidas a las Uvivg porque son conscientes de la falta de recursos existente.

Por eso, cuando desde las administraciones se alienta a estas víctimas a denunciar a sus agresores, se producen tantas reticencias por parte de las agredidas, ya que constatan que la Administración pública es una maraña que atiende tarde y mal sus necesidades básicas pese a encontrarse en una situación de extrema urgencia, como explican a Diario16 letrados expertos en violencia de género.

Díaz alabó en 2013 como consejera de Igualdad la firma de un protocolo con los agentes sociales

El Portal Adriano de la Junta andaluza explica detenidamente cómo funcionan estas Uvivg, en cuya implantación, curiosamente también Andalucía ha jugado un papel pionero. Pero pese a que su cometido principal es el de “garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género”, la Administración autonómica andaluza sigue sin elaborar un protocolo que sirva para coordinar las actuaciones de los profesionales forenses que asesoran a estas mujeres. Algo con que sí cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atender a las víctimas, aunque en la mayoría de las ocasiones se limitan a rellenar mecánicamente un formulario, sin indagar más allá de una primera y superficial aproximación a la problemática.

 

Descoordinación total

Las Uvivg están ubicadas en cada uno de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía y funcionan como “unidades funcionales multidisciplinares de carácter técnico”. En la práctica, la descoordinación es “total”, denuncian algunos de los expertos consultados.

Cada Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género está integrada a priori por personal médico forense y psicólogos y trabajadores sociales del Servicio de Apoyo a la Administración de Justicia de las Delegaciones Provinciales de la Consejería con competencias en materia de Justicia, quienes desarrollan las funciones propias de sus Cuerpos en el Instituto de Medicina Legal.

El portal de la Junta explica que estas Unidades de Valoración Integral se crearon en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con la clara finalidad de dar una “respuesta global” a esta lacra como unidades especializadas de los Institutos de Medicina Legal.

La respuesta global contrasta con las cifras frías estadísticas, que subrayan que Andalucía es una de las comunidades donde se registra una mayor tasa de víctimas de violencia de género, con 61,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, según datos del Poder Judicial, solo por debajo de Baleares, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

La valoración integral que supuestamente deben realizar estas unidades incluye un estudio de la víctima, del agresor y de los menores expuestos a la violencia, “que se extiende más allá de las agresiones físicas o psíquicas, considerándose también los roles e interacciones de los implicados, así como la intensidad y recurrencia de la violencia”, explica el portal Adriano. En la práctica, en contadas ocasiones se realiza un estudio forense en profundidad de los presuntos agresores, paso vital para prevenir que los casos de violencia de género degeneren en feminicidio.

La Administración andaluza explica que, con frecuencia, “la valoración médico-forense requiere de forma complementaria una valoración psicológica de las víctimas, así como la elaboración de informes sociales sobre aquellos aspectos relacionados de manera directa, bien con la violencia o bien con aquellas otras cuestiones de interés judicial para la adopción de medidas”. Pues todo ello se ejecuta por parte de los forenses implicados en estudiar estos casos sin seguir unas pautas preestablecidas en un protocolo, como así consta en la ley de 2004.

La presidenta andaluza, en un acto contra la violencia machista.
La presidenta andaluza, en un acto contra la violencia machista.

 

Sin profundidad

La dirección y supervisión de la Uvivg la tiene el médico forense coordinador designado por la Dirección del Instituto de Medicina Legal. A requerimiento de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer, es el encargado de realizar la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las maltratadas y la valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo. A esto se suma también la valoración de la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor, que como se ha destacado anteriormente apenas tiene repercusión sobre el maltratador puesto que la ausencia de protocolo de actuación diluye la contundencia de las pruebas en su contra.

Esta ausencia de protocolo para profesionales que atienden a las víctimas de género choca con la celeridad que el Ejecutivo de Susana Díaz quiere protagonizar la lucha contra esta lacra en otros aspectos de la misma. Por ejemplo, en septiembre de 2015 Andalucía contó con el primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales, en el que se establecían pautas para la prevención y detección de ‘ciberdelincuencia’ contra las mujeres, un fenómeno cuyo auge ha sido constatado a todos los niveles.

A nivel nacional se mantiene vigente el Protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género, publicado en septiembre de 2011 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, poco antes de finalizar su mandato.

 

Díaz contradictoria

Resulta más que curioso que, en junio de 2013, durante el mandato de José Antonio Griñán, la propia Susana Díaz, que entonces ostentaba el cargo de consejera de Presidencia e Igualdad, alabó la importancia de un protocolo ante la violencia de género suscrito con todas las instituciones públicas andaluzas. Con todo el boato institucional que requería la firma, el 3 de junio de 2013, la hoy presidenta de la Junta subrayaba la “importancia” de este protocolo, que implicaba de manera pionera a los agentes sociales e incluía por primera vez a los hijos menores como víctimas directas.

Aquel día de 2013, siendo todavía consejera y no presidenta de Andalucía, Díaz aseguró que el protocolo firmado ponía “sobre la mesa una herramienta mejorada que responde a la necesidad de nuevas estrategias, de integrar nuevos ámbitos y compromisos y de buscar la unidad de acción de todas las instituciones”. Díaz estaba convencida de que las víctimas no sólo iban a recibir “mejor atención social, sanitaria y policial”, sino que también simplificaba “los pasos para que no las obliguemos a recorrer cada una de nuestras instituciones, contribuyendo de esa manera a una victimización secundaria”.

Ese deseo de la presidenta sigue siendo solo deseo, porque la realidad se impone y la falta de coordinación de los expertos por la ausencia de un protocolo que otorgue uniformidad a las actuaciones contra la violencia de género provoca que muchas denunciantes sigan renunciando a mantener abiertas sus causas contra los verdugos.

Protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo.

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