A Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, se le ha ido de las manos el Ministerio Público. Son evidentes los enfrentamientos entre las diferentes instancias. El ejemplo más claro ha sido la asunción por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de asuntos que corresponden a Anticorrupción como son los papeles de Panamá y el Caso ‘Manos Limpias’.

“La descoordinación es evidente”, señalan fuentes de la Unión Progresista de Fiscales, una de las asociaciones representativas del colectivo. La esperpéntica situación generada a raíz de la detención y registro domiciliario del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, es el mejor de los ejemplos. La actuación policial se llevó a cabo sin consentimiento del Ministerio Público y sin permiso de la jueza que lleva a cabo la instrucción.

La Fiscalía hizo público tal extremo en un comunicado en el que se evidencian las diferencias entre este organismo y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la policía.

Las diferencias con la UDEF también se han reflejado en la colaboración con la Agencia Tributaria. Alejandro Luzón, el fiscal del Caso Fórum y Afinsa, recientemente nombrado teniente fiscal, en la práctica el número dos de la Fiscalía General del Estado, lleva el Caso Bankia. La ONI, la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, le pidió añadir al sumario las investigaciones que llevaban a cabo sobre el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por sospechar la existencia de delito fiscal. Luzón les contestó que el tema no encajaba en este sumario. Al final, la ONI decidió terminar sus investigaciones y entregar sus resultados a la Fiscalía de Madrid. Posteriormente Luzón se arrepentiría y pidió la incorporación de los trabajos de los inspectores de Hacienda al sumario que se tramita en la Audiencia Nacional.

En el caso de los papeles de Panamá, Anticorrupción y Audiencia Nacional actúan cada una por su cuenta. Anticorrupción reclamó, sin éxito, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación la documentación en su poder. En cambio, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha utilizado otra vía. Ha pedido toda la información posible a la UDEF, a la Agencia Tributaria y al Sepblanc, Servicio de Prevención del Blanqueo de Dinero. Estos organismos han decidido colaborar estrechamente con la instancia que dirige Javier Zaragoza quien, al final, se ha hecho cargo de la investigación quedando marginada Anticorrupción.

Fuentes judiciales señalan que todo esto viene ocurriendo desde que Consuelo Madrigal se la considera ‘en funciones’. La Fiscalía General del Estado depende directamente del Gobierno. La sensación de interinidad ha generando un batalla interna entre los altos cargos del Ministerio Público que quieren situarse en las mejores posiciones de cara al nuevo ejecutivo que surja de las elecciones

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