Tengo la impresión contrastada, de que la clase política nos hace que miremos hacia un lugar, mientras que lo más importante está en otro sitio muy diferente. No obstante, albergo un resto de duda en si es intencionado o no; eso sí, de lo que estoy seguro es de que consiguen sus objetivos.

Hace días, en este mismo medio, comentaba, aunque fuera de pasada, la necesidad de que el Estado disponga de una Banca Pública, dedicada a lo convencional: créditos, depósitos, etc, para que le haga competencia a la Banca Privada. Lamentablemente, los neoliberales, han demostrado tener una doble moral exacerbada: ven con buenos ojos la presencia privada en la sanidad o en la educación, pero se les cae el liberalismo a los pies cuando es el estado el que quiere competir con ellos en sectores que consideran propios exclusivamente propios.

La reciente y trágica muerte de Rosa, de 81 años de edad, vecina de Reus, ha vuelto a colocar las consecuencias que tiene el que los sectores estratégicos, especialmente el energético, sea competencia exclusiva del sector privado. De esta forma, los ciudadanos más débiles económicamente, se encuentran desprotegidos cuando se producen casos de pobreza energética. La consecuencia que se deduce de inmediato, es que el sector público debe tener presencia en los sectores energéticos, en especial el eléctrico, porque no se puede permitir que lo privado ejerza un papel abusivo sobre los ciudadanos.

Se hace necesario, por no decir imprescindible, que se pongan en marcha procedimientos para que el Estado esté presente en el sector energético y, en el límite, lo mismo que la banca, sea nacionalizado en su totalidad. Más de uno pondrá el grito en el cielo ante esta propuesta, ¡va de retro Satanás!, pero el Estado, como garante de los derechos de los ciudadanos, no nos puede dejar en manos de lo privado para que ocurran casos como el de Rosa, o la subida constante e injustificable de la tarifa eléctrica. Ahora está claro el por qué el IPC está subiendo últimamente, pero de forma provocada: por la subida de la electricidad y de los combustibles, lo cual no tiene sentido en un momento en el que el petróleo está barato. Así no podemos seguir.

Pero es que este problema va mucho más allá: es archiconocido que los combustibles fósiles tienen fecha de caducidad por el agotamiento que están experimentando. Pero es que además, lo más importante es que aunque Donald Trump no crea de forma interesada en el deterioro ambiental y, en concreto en las emisiones nocivas de dióxido de carbono, el futuro de nuestro planeta está vinculado al cambio climático. Para cualquier cabeza pensante es evidente que si siguen las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, la Tierra, y nosotros con ella, tenemos los días contados.

¿Y quién puede luchar porque haya una revolución energética que vaya poniendo coto al consumo de carbón y petróleo, para sustituirlos por las llamadas energías renovables, no contaminantes que, además, son más económicas que las procedentes de combustibles fósiles? Indudablemente el sector público. Sólo en interés privado está impidiendo que se dé el cambio necesario en el modelo energético.

La reciente y más que jugosa entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez, puso de manifiesto algo conocido por muchos, pero desconocido para una gran mayoría. Los poderes fácticos: la banca y las grandes corporaciones, están siendo, hasta la fecha, los que de verdad ejercen la acción de gobierno en los temas más importantes, y sin pasar por las urnas.

Consecuentemente, se hace imprescindible poner fin a esta grave dependencia: la única solución que se me ocurre es darle el voto a los llamados partidos “antisistema”, para que puedan llegar al gobierno y ver si son capaces de hacer algo importante, que tengo mis dudas. Del resto de partidos no se puede esperar nada: la experiencia vivida lo ha dejado bastante claro.

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