Los recientes hechos del acuerdo que alcanzaron entre el Gobierno argentino y quienes fueron concesionarios del servicio postal oficial ponen sobre el tapete una realidad que, aunque repetida, no debe dejar de pasarse por alto, como es el caso de aquellos funcionarios que tienen que relacionarse con quienes antes de cumplir su función eran pares.

Al igual que el caso de Donald Trump en Estados Unidos, quien delegó en sus hijos el manejo de sus empresas inmobiliarias, en Argentina la relación del Gobierno nacional con el Grupo Socma, cuyas acciones pertenecen a la familia presidencial, es puesta bajo observación por la virtual condonación de deuda que se le estaría por realizar.

Pero la cuestión excede este acuerdo y lo que realmente es trascendente es la relación entre gobierno y empresas privadas, tanto previo a ocupar puestos de gobierno, como cuando los ocupan y tras dejar de ocuparlos.

No hay dudas que a cierto nivel de responsabilidad los empleados públicos cuentan con el acceso a un nivel de información más exclusivo que el resto de los actores económicos. Si esta información se utiliza en beneficio propio se trata de un claro tráfico de influencias, tal como lo ocurrido años atrás en Santa Cruz donde socios del matrimonio presidencial compraron a precio vil campos que serían inundados por la construcción de represas hidroeléctricas, constituyendo un delito aprovechando el funcionariado para beneficiar a empresas con las cuales uno ha estado (o está) ligado.

El caso del Ministro de Energía Juan José Aranguren es un claro ejemplo, puesto que cuando pasó a ocupar su cargo aún era poseedor de acciones de la petrolera Shell.

También aquellos que tras pasar por el gobierno se convierten en lobistas de empresas privadas, y a partir de allí hacen uso y abuso de las relaciones construidas en la función pública para obtener beneficios para su nuevo empleador, y José Luis Manzano es un ejemplo de ello.

Las puertas giran y giran, y ponen alternativamente de un lado y de otro a muchos ciudadanos convertidos en funcionarios y a la inversa.

Históricamente se apeló a la honestidad y el buen nombre de los funcionarios para garantizar una forma de actuar decorosa y honrada, pero pareciera ser que, actualmente, con eso no alcanza. Es necesario establecer reglas de juego claras y hacerlas cumplir, sea quien sea el involucrado, porque sólo dando el ejemplo se podrá exigir un accionar acorde al resto de la ciudadanía.

Si cuando se es Presidente de la Nación la aerolínea de bandera alquila hoteles que son propiedad de una sociedad integrada por la propia Presidente, claramente hay incompatibilidades… al igual que las había en el caso del Ministro Aranguren.

Sin una ley que marque claramente los límites de qué se puede hacer y qué no, que establezca plazos, como ocurre en la actividad privada, en los cuáles un ex funcionario no puede participar en la esfera privada aprovechando su paso por la función pública, que indique claramente las incompatibilidades que existen para ocupar cargos públicos por parte de un funcionario con su accionar previo en el ámbito privado, las puertas seguirán girando y el tráfico de influencias será una constante.

 

6 Comentarios

  1. Un mal generalizado. Atajarlo cuanto antes depende de nosotros, los ciudadanos debemos someter presión a los gobiernos para endurecer las leyes e impedir que estas cosas ocurran.

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