La que hasta hace un año era jueza instructora de la Trama Amat, María del Mar Alejo Rico (la misma que decretó el auto de archivo de la causa de La Fabriquilla) es sobrina carnal del arquitecto y estructurista Justo Rico Amat, quien ha sido el que ha venido haciendo todos los centros comerciales a la mercantil General de Galerías Comerciales, del empresario Tomás Olivo, imputado en el Caso Malaya.

Olivo compró los terrenos donde hoy se encuentra el Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar. Esa finca pertenecía a la mercantil Inmaculada Algaida, de la que la esposa de Amat era una de las propietarias. Esta sociedad pasó a llamarse posteriormente Predios del Sudeste, perteneciente al empresario catalán y socio del presidente de la Diputación de Almería y familia, Miguel Rifá, quien ha estado inmerso en innumerables procedimientos judiciales por presuntos delitos como, por ejemplo, evasión de capitales, y donde aparecía también el cuñado de Amat, Miguel Pintor Moreno.

Política y judicialmente, a la vista de todas las demoras procesales que se vienen dando en los procedimientos judiciales instados contra Gabriel Amat, se puede pensar que nada es producto de la casualidad. Más bien todo podría indicar todo lo contrario. Otro ejemplo más de este supuesto entramado de favores, compromisos y manipulaciones para controlar los procedimientos judiciales en los que Amat se halla señalado, lo hallamos en el hecho de que el funcionario encargado de la guarda y custodia del expediente de la Trama Amat, en el mismo Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, es primo carnal de Miguel Ángel Morales Duarte. La familia Morales es propietaria de la mercantil Hispano Almería que se encuentra en investigación judicial y por la Udyco en las Diligencias Previas 836/14 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería que versa sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Almería y que ya cuenta con más de 30 tomos de procedimiento. ¿No parecen demasiadas casualidades? Sin embargo, aquí no acaba la historia. La concejala del Área de Contratación del Ayuntamiento de Roquetas, María Teresa Fernández Borja, es esposa del que fue hasta hace poco alcalde de La Mojonera y portavoz del PP cuando estaba en la oposición de la Diputación de Almería: José Cara González, quien es socio de los Morales en la empresa Gesponiente, junto al que fuera concejal de Agricultura de Roquetas, Nicolás Manuel Manzano López.

Estas vinculaciones están siendo investigadas y judicializadas en el ámbito de las mismas Diligencias Previas donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Almería. Según informaba El País, varios concejales del Ayuntamiento de Roquetas, así como miembros del de La Mojonera, incluido José Cara González.

El Partido Socialista también estaría presuntamente jugando un papel importante no sólo desde la Junta de Andalucía, donde las competencias de Justicia se encuentran delegadas en el Gobierno, sino también a nivel provincial. Parece que existiera un pacto de silencio en estos últimos años de la mano del actual secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ya que su hermano, Pedro Sánchez Teruel, es el auditor de Hispano Almería, la empresa que más ha facturado al Ayuntamiento de Roquetas desde el año 2.000. Este no es el único caso del posible pacto de silencio de Sánchez Teruel porque en el procedimiento judicial de la Trama Amat, donde el PSOE pagó 6.000 euros para poder personarse como acusación particular para, en cuatro años, no haber presentado ante el juzgado ningún escrito ni iniciativa o petición de prueba alguna. ¿Le sobra el dinero al partido de Susana Díaz?

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