Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, junto a Conchi Iniesta, secretaria general de USO-Madrid, y Pablo Trapero, responsable confederal de Juventud USO, han hecho entrega, junto con el resto de las organizaciones de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), ante la Oficina del Defensor del Pueblo, de un total de 350.000 nuevas firmas de ciudadanos que piden que las pensiones se blinden en la Constitución como derecho fundamental. La MERP, de la que el sindicato USO forma parte desde sus inicios, ya ha superado el millón cuatrocientas mil firmas recogidas. En este contexto, Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO y miembro de la MERP, ha contestado a Diario16 a las preguntas sobre el futuro de las pensiones.
¿Cuál es el reto de los pensionistas hoy en España?
Las organizaciones que fundamos la MERP en 2013, lo hicimos ante el reto y la necesidad de defender el sistema público de pensiones, el poder adquisitivo de los pensionistas y las pensiones presentes y futuras ante los ataques de recorte y tendencia a la privatización que estaban sufriendo. Lo que proponemos al solicitar el blindaje de las pensiones en la Constitución es que las pensiones pasen a ser un derecho fundamental y no depender de las políticas del gobierno de turno.
¿Qué significa blindar las pensiones en la Constitución española?
Significa que pasen a estar recogidas como derecho fundamental en la Constitución, no como hasta el momento que es derecho condicionado a las políticas y desarrollo legislativo de cada gobierno. Eso es lo que desde la MERP llamamos “blindaje” constitucional.
Los pensionistas cuidan nietos, ayudan a sus hijos económicamente, han evitado muchos desahucios… ¿cómo puede la sociedad responder a tanta entrega y generosidad?
Garantizando su poder adquisitivo, dignificando su situación y blindando las pensiones en la Constitución. Además de ser sostenedores de nuestra sociedad manteniendo miles de hogares cuyo único ingreso era el de los pensionistas, han tenido que sufrir el copago farmacéutico, las subidas de luz y gas… Mientras sus pensiones aumentaban un mísero 0,25%.
Ya se han recogido 350.000 firmas para que las pensiones estén recogidas en la Consitución
Los pensionistas vascos no se rinden. ¿Y su Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP)?
La movilización de los pensionistas ha sido ejemplar y ha provocado que el debate de las pensiones se ponga encima de la mesa y cambien muchas cosas. La MERP está presente en ellas o bien con convocatoria propia o al ser una organización de organizaciones, muchos de nuestros compañeros y compañeras participan en ellas.
La MERP tampoco se rinde, de hecho, ahora estamos con más ganas que nunca, estamos cerca de conseguir los dos millones de firmas por el blindaje constitucional (que recogemos en las calles y centros de trabajo), se siguen sumando organizaciones a la plataforma, vamos recogiendo el respaldo de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y grupos parlamentarios intentando conseguir el consenso político para ir hacia el blindaje de las pensiones. Y seguimos saliendo a la calle, claro.
¿Qué tiene que cambiar con el actual Gobierno a diferencia del pasado? ¿Apoyan el envejecimiento activo?
Para la MERP nuestra única reivindicación y objetivo es que se promueva el debate sobre el blindaje constitucional y se lleve a cabo la reforma constitucional que haga posible garantizar las pensiones presentes y futuras y el poder adquisitivo de los pensionistas.
¿Son conscientes de que en breve seremos, por detrás de Japón, el País más envejecido del mundo?
Si, por eso mismo urge garantizar el derecho a una pensión justa y digna blindando las pensiones en la Constitución, para no condenar a la pobreza y a exclusión social a miles de personas en su momento más vulnerable.
También queremos poner el foco en una minoría invisible como son los jóvenes pensionistas que se han adherido a nuestro último manifiesto y que, sin ser población envejecida sufren las mismas situaciones, pero con el agravante de su juventud y gastos médicos, a los que se condena de por vida a una situación de pobreza.
