La sociedad ha cambiado desde que el sistema capitalista ha mutado hacia objetivos individuales con ese cambio de la producción a la especulación salvaje que busca el beneficio de los mercados por encima de lo que sea. Muchos analistas afirman que este hecho, que esta mutación, se comenzó a gestar con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del sistema comunista que servía de contrapeso en el mundo occidental para frenar dicha especulación para que los beneficios del capital revirtieran en políticas sociales que hicieran ver a los ciudadanos que el capitalismo les daba una serie de beneficios que en los sistemas comunistas no se conocían. Puede que haya algo de cierto, pero es darle a la represión de aquellos Estados que pervirtieron el mensaje del comunismo original un mérito excesivo. Lo que sí queda claro es que la imposición de las necesidades económicas a las necesidades de los ciudadanos es una tendencia peligrosa porque para lograr los objetivos de los mercados se pasa por encima de lo que sea. Uno de los ejemplos más claros que podemos tener de este hecho es la política de pensiones ya que se trata de uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado del Bienestar que ese nuevo modo de entender el capitalismo, del que son paladines tanto el Partido Popular como Ciudadanos, quiere destruir.

la imposición de las necesidades económicas a las necesidades de los ciudadanos es una tendencia peligrosa

En el cuatrienio negro de Mariano Rajoy hemos sido testigos de cómo nuestro sistema de pensiones ha entrado en una especie de deriva hacia su desaparición o, al menos, hacia su transformación en una especie de mezcla mezquina entre lo público y privado. Los españoles siempre hemos estado orgullosos de nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, desde las élites empresariales y económicas no lo veían así al no poder sacar tajada de las jubilaciones de los trabajadores, tal y como ocurre en países como, por ejemplo, en Estados Unidos.

La crisis económica provocada, en parte, por el propio Partido Popular durante las legislaturas de Aznar hizo que se tomaran medidas que van en contra del propio Sistema Nacional de Pensiones y, por tanto, que se pusieran medios para su destrucción con el único fin de que la gestión de dichas pensiones pasaran a manos privadas. Cuando Mariano Rajoy accedió al poder en noviembre de 2011 el Fondo de Reserva contaba con 66.815 millones de euros. En estos cuatro años el gobierno del Partido Popular ha dilapidado más de la mitad de los recursos  que dejó el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero dejando la «hucha» en 32.485 millones de euros en diciembre de 2015. Ahora llega el mes de junio en el que hay que pagar la «extra» y le darán un nuevo «meneo». Al este ritmo ese Fondo de Reserva que garantiza el pago de las pensiones a nuestros mayores tiene fecha de caducidad: tres años, según varios estudios presentados por prestigiosas consultoras y auditoras.

con el único fin de que la gestión de dichas pensiones pasaran a manos privadas

Ante esta situación, las pensiones han vuelto a entrar en el debate electoral y, como siempre, lo han introducido los partidos de la derecha, PP y C’s, precisamente las organizaciones políticas que lo quieren destruir. Es paradójico que quienes apuestan por la gestión privada de las jubilaciones sean quienes se presenten ante los españoles como quienes pueden garantizar el mantenimiento del actual Sistema de Pensiones e intentando meter miedo a nuestros jubilados sobre lo que ocurriría si gobernara la izquierda. Los datos demuestran que ese miedo es infundado: el PSOE dejó un Fondo de Reserva con casi 67 millones de euros, mientras el PP lo ha dejado en menos de la mitad, tal y como hemos visto anteriormente.

Sin embargo, ¿están en peligro nuestras jubilaciones? ¿Podrá el Estado español seguir manteniendo el sistema actual o deberemos caminar hacia un modelo mixto público-privado que nos conduzca inexorablemente hacia la total privatización del mismo? Es cierto que manteniéndose los parámetros económicos actuales las pensiones, tal y como las conocemos, están en serio peligro por culpa de las medidas, reformas o leyes impuestas por el Partido Popular. Nuestro Sistema de Pensiones está basado en la solidaridad intergeneracional: lo que cotizamos actualmente a la Seguridad Social, tanto lo que aportamos nosotros directamente como lo que aportan las empresas, sirve para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Sin embargo, con la situación laboral provocada por la Reforma Laboral de Mariano Rajoy, con la precarización de las condiciones de empleo y, en consecuencia, de los salarios, esas cotizaciones son insuficientes para mantener el sistema. Desde el gobierno se nos dice que la situación del empleo ha mejorado gracias al Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. No obstante, la realidad demuestra cada día que eso es mentira. Más de un 12% de los trabajadores gana menos de lo marcado por el Salario Mínimo Interprofesional y el salario más común entre los españoles es de 15.500 € brutos anuales, es decir, menos de 1.000 € netos al mes. Estas cifras se corresponden a jornadas laborales completas. Sin embargo, la Reforma Laboral y las medidas posteriores adoptadas por el Partido Popular han llevado a una precarización del empleo donde lo más habitual es la jornada a tiempo parcial y el contrato temporal, hecho éste que provoca que las cotizaciones a la Seguridad Social sean mínimas.

Por otro lado, desde el gobierno y desde el Partido Popular se nos dice machaconamente que se está recuperando la creación de empleo, que se han creado cientos de miles de puestos de trabajo. Eso también es más falso que un billete de 27 €. Las cifras no engañan y desde que se impuso la Reforma Laboral en España se pierden de media más de 7 millones de horas de trabajo por trimestre. Si el empleo estuviera creciendo, las horas de productividad tendrían que crecer, pero no es así. Lo que está ocurriendo en España es que el poco empleo que se crea se está parcelando en contratos temporales y a jornada a tiempo parcial y este hecho repercute también en las pensiones. A menos horas, menos salario y a menos salario, menos cotización a la Seguridad Social. Todo lo anterior también repercute en el futuro de los actuales trabajadores ya que, al aportar tan poco al Sistema de Pensiones, cuando llegue la hora de su retiro nos encontraremos con una situación en la que muchos no podrán jubilarse y deberán buscar algún tipo de complemento a su exigua paga.

el poco empleo que se crea se está parcelando en contratos temporales y a jornada a tiempo parcial

La incapacidad del gobierno de Mariano Rajoy de crear políticas de creación de empleo efectivas y que no incidan en un mercado de trabajo basado en la precariedad se vio reflejado también en su apuesta por el autoempleo, en querer meternos en la cabeza que si queríamos tener un trabajo no debíamos buscarlo sino que nuestro único camino era el de buscarnos la vida. «Sed emprendedores, cread vuestra propia empresa para también crear empleos», ¿recuerdan este mantra? Esta era la estrategia. Pero, ¿cómo una persona parada podría crear una empresa sin disponer de recursos? Para crear una empresa hay que invertir una cantidad inicial, tanto para gastos administrativos (capital social) y para recursos (local/oficina, materiales, servicios, etc.). Quien haya creado una empresa sabe que, tras la inversión inicial, una empresa no es rentable hasta pasado, por lo menos, año y medio o dos años, donde hay que asumir pérdidas iniciales. Esto en una situación económica normal. Para poder crear empleo un empresario tiene que facturar lo suficiente como para poder pagar salarios. La crisis económica provocó que los bancos tengan cerrado el grifo crediticio. Desde el Gobierno no se implementaron medidas, subvenciones, créditos blandos, mediación pública ante las entidades financieras para que se financien las inversiones, incluso, como ha ocurrido en otros países, créditos a fondo perdido. Entonces, ¿cómo se iban a crear empresas o los parados iban a tomar el camino del autoempleo si, precisamente, esos parados no disponen de recursos para hacer frente a esas inversiones? Se implementó una medida por la que a los nuevos empresarios se les daba la posibilidad de que el capital social se aportara pasados seis meses desde la creación de la empresa y que durante esos meses sólo pagaran 50 euros de aportación como autónomo. Esto no es más que un parche porque 6 meses son insuficientes para facturar lo suficiente para aportar ese capital. La solución del emprendimiento tampoco es fiable a la hora de mantener nuestro sistema de pensiones porque para que fuera efectiva todas y cada una de las nuevas empresas creadas tendrían que tener éxito y, como todos sabemos, eso no es así, sino, más bien, todo lo contrario. Para lo único que sirve es para maquillar aún más las estadísticas de paro registrado y para mostrar una EPA en la que parezca que se crea empleo.

Con estos datos, ¿cómo pueden tener desde el Partido Popular tanta desvergüenza al afirmar que si gobierna la izquierda las pensiones están en peligro? Ellos ya han demostrado que son incapaces de mantener nuestro sistema y sus herederos naturales, Ciudadanos, ya han dejado muestras que su intención es la de dejar entrar al sector privado en la gestión de esas pensiones. Nuestros jubilados de quien tienen que tener miedo es de la derecha neoliberal y no de quienes aportan soluciones y que ya demostraron en el pasado que gestionan mucho mejor nuestro Sistema de Pensiones.

Como ya hemos dicho anteriormente, el sistema actual está en peligro por la situación actual y para arreglarlo es necesaria la implementación de una serie de medidas que fomenten el empleo de calidad y la recuperación de la capacidad salarial de los españoles. Si esto no ocurre el objetivo de los liberales del PP y de C’s se habrá cumplido. En estos días de precampaña el Partido Socialista ha propuesto la creación de un impuesto específico para el mantenimiento de las pensiones. Personalmente me parece una medida adecuada siempre y cuando se aplique a quienes hay que aplicarlo: las grandes empresas y las grandes fortunas. Se trata de que esas grandes empresas y esas grandes fortunas devuelvan a la sociedad una parte de lo que le hurtan a través de los mecanismos de fraude a las arcas del Estado o de la generación de bolsas de economía sumergida. Hay un dato que ya hemos expuesto en algún artículo que esa economía que sale del control del Estado provocan una pérdida de ingresos de 260.000 millones de euros anuales. Habrá quien piense que los pequeños empresarios se están pasando con lo de no hacer factura, pero el pequeño empresario «sólo» defrauda un 7% de esa cantidad (18.200 millones de euros). Son las grandes empresas y las grandes fortunas las que mayor quebranto producen al Estado puesto que, gracias a sus ingenierías financieras, dejan de aportar 188.500 millones de euros. Por esta razón es por la que el impuesto propuesto por el PSOE debe aplicarse a aquéllas y no a todos los ciudadanos.

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