Según se va acercando la hora de sentarse en el banquillo de los acusados, los imputados en casos de corrupción muestran su deseo de negociar con Fiscalía. “Colaboración” a cambio de “reducción de la petición de condena”. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dado órdenes tajantes en tal sentido: no se negocia con los acusados. A todo lo más que se puede llegar es a hablar con los que todavía no han sido calificados como tales en las causas abiertas y se mantienen como investigados, antiguos imputados. Pero para los que van a ser juzgados se mantiene, al menos durante las conclusiones provisionales, la calificación de los hechos.

En los últimos días han sido varios los acusados que han intentado reparar el mal que causaron a la sociedad cuando presuntamente cometieron los delitos por los que van a ser juzgados. Esta semana comienza el juicio por las llamadas “tarjetas black”. Uno de los implicados, el ex presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, ha devuelto los 436.688,42 euros que utilizó con esta tarjeta. Se lo ha hecho saber al juez instructor, Fernando Andreu, y todo con la intención de lograr un atenuante al delito por apropiación indebida, que va a juzgar la sección cuarta de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional.

Blesa, de momento, ha logrado que el juez Andreu le levante el embargo que pesa sobre sus bienes por valor de lo gastado con la tarjeta black. Ahora, el fiscal, Alejandro Luzón, puede aplicarle una reducción de la pena solicitada y más si el propio Blesa manifiesta durante el juicio que “no hubo mala fe en su actuación” De los 66 acusados que se sentarán en el banquillo, 12, contando con el último gesto de Blesa, ya han devuelto lo gastado.

Ahora bien, Luzón, que está liquidando las últimas causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional para poder hacerse cargo de su nuevo destino en la secretaría general de la Fiscalía General, no va a ser el que contradiga a su jefa inmediata. Y es muy probable que, al menos de momento, y a la espera de los acontecimientos que se desarrollen en el juicio, no cambie su posición inicial. Fuentes jurídicas señalan que, en el caso de Miguel Blesa, la devolución del dinero llega “demasiado tarde”. Tampoco muestra “arrepentimiento” y sigue proclamándose “inocente” por lo que no es aplicable los acuerdos que se alcanzan en los llamados “juicios de conformidad”.

En otras causas pendientes la postura de Madrigal es clara. No habrá acuerdo para rebajar solicitudes de penas salvo en aquellos casos en los que “la colaboración” sirva para avanzar en las investigaciones. Eso sí, salvo en casos de reincidencia. Eso es lo que ha pasado con Jaume Matas. Sus condenas le impiden poder pactar con el fiscal Horrach al cual se le ha prohibido toda iniciativa al respecto.

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