Las ONG han pedido al gobierno español que prohíba las exportaciones de armas a Arabia Saudí si hay conocimiento de que se pueden usar para violar los derechos humanos, así como que se revoquen las licencias de exportación autorizadas si hay riesgo de que se usen en Yemen, país que sufre una guerra que enfrenta a las minorías hutíes con una coalición liderada por Riad.

“Nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra”

Esto es lo que han solicitado Amnistia Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau en una carta abierta al Ejecutivo, horas antes de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicara ayer en el Senado el proceso de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí. La petición llega tras la controversia suscitada por la paralización por Madrid de esta venta, anunciada hace unos días por Defensa.

 

Vidas en juego

“Son muchas las vidas que están en juego y como sociedad civil nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra“, destacan las organizaciones, que califican de “obsceno” el intento de “enfrentar a las víctimas de un conflicto con las víctimas de la precariedad laboral”.

Defensa aseguró que se habían iniciado los trámites para anular la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015. Sin embargo, como ya sabemos, finalmente sí se ha realizado la venta.

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