Ayer jueves se dio a conocer en el Espacio Ronda en Madrid el informe DSR (Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España) sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas.

El informe es resultado del trabajo de un nutrido grupo de organizaciones que quiere posicionar en la agenda pública y política las obligaciones pendientes por parte del Estado en esta materia, y que han sido señaladas por diversos organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos.

El DSR denuncia, que tras los recortes de la reforma sanitaria de 2012, a pesar de que existe una estrategia nacional y legislación específica sobre salud sexual y reproductiva, los servicios públicos cuentan con importantes deficiencias y su acceso y cobertura sanitaria es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y de la situación administrativa individual. Esta situación está repercutiendo negativamente en los derechos y en la salud especialmente de las mujeres y niñas.

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Salud

La salud de las mujeres es ostensiblemente peor que la de los hombres. Algunos datos: el 33% de las mujeres presentan una percepción de salud regular, mala y muy mala, frente al 25% de los hombres. La depresión es prácticamente el doble de frecuente en mujeres (20,36%) que en hombres (10,63%) en todos sus grados de severidad. También, el elevado consumo de tranquilizantes, relajante y pastillas para dormir: el 21% de las mujeres frente al 11,6% de los hombres.

Es necesario un enfoque de género para la salud pública

Por tanto, indica el informe, es necesario un enfoque de género para la salud pública, algo que a día de hoy no está en absoluto implantado dentro de los sistemas y políticas de sanitarias.

 

Maternidad segura y elegida

A pesar de contar nuestro país con una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, su aplicación es casi nula en lo referido a la salud y la educación sexual y no dispone de presupuesto específico. Además, como se ha señalado, se registra una importante inequidad territorial en su implantación que hay que homogeneizar.

Persiste una instrumentación excesiva del parto con altas tasas de cesáreas y episiotomías, especialmente en centros privados. Hay grandes diferencias entre dar a luz en un hospital privado (36,8% de cesáreas) o en uno público (21,8%).

Las diferencias en los servicios sanitarios entre comunidades autónomas aumentan la desigualdad

En cuando a las técnicas de reproducción humana asistida, se han establecido criterios de prioridad al margen de la ley, favoreciendo a las mujeres con mejor salud, menor edad o quienes tienen problemas relacionados con la capacidad reproductiva.

El informe indica que es necesario actualizar el marco legal existente (tanto la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, como el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud) para unificar criterios en todas las comunidades autónomas, una vez más.

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Anticoncepción

En España existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos, serias deficiencias en los servicios sanitarios que asesoran y prescriben dichos métodos y de nuevo desigualdad en función de la región de residencia. Además, se han reducido los anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Según una encuesta de 2014 realizada a mujeres de 15 a 49 años, el 26% de ellas no recurrieron a ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Sólo en torno al 40% de mujeres con estudios primarios e ingresos bajos los utilizan.

En cuanto a la anticoncepción de urgencia, las intenciones del Gobierno actual de limitar el acceso a las píldoras anticonceptivas de urgencia sacándolas de la libre dispensación choca con la realidad de los estudios: ni las españolas abusan de la píldora del día después, ni el fármaco causa reacciones adversas que no estén controladas.

 

Enfermedades de transmisión sexual

En cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, esta reducción de los anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud, se produce en un contexto en el que la cuarta parte de las mujeres de 15 a 49 años no usa ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

En 2012 el Plan Nacional contra el Sida se redujo en un 90%.

En 2012, el Plan Nacional contra el Sida se redujo en un 90%. Los datos epidemiológicos denuncian la invisibilidad de las mujeres transexuales, cuando este es un colectivo que muestra una alta prevalencia de la infección: el 23% entre aquellas que acudieron por primera vez a un centro de ITS.

 

 

Atención al aborto y salud sexual y reproductiva

Las limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos señaladas anteriormente, inciden de nuevo en las deficiencias en los servicios sanitarios que asesoran y prescriben dichos métodos. Se ha endurecido también el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para las jóvenes de 16 y 17 años, a pesar del reducido número de menores que recurre a esta intervención (3,35%).

La falta de regulación de la objeción de conciencia y la disparidad entre comunidades autónomas en cuanto a la información y la atención que se proporciona a las mujeres están suponiendo importantes barreras para acceder a la IVE.

De hecho, en cuatro Comunidades (Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha y Murcia) no se realizó ningún aborto dentro de su sistema público y fueron todos derivados a centros privados acreditados y concertados, incluidas clínicas ubicadas fuera de la ciudad e incluso de la comunidad de residencia.

 

Inmigrantes abandonadas 

El informe denuncia además el abandono en que se encuentran las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular que no pueden interrumpir su gestación ni recibir planificación familiar dentro del sistema público nacional.

Las mujeres sin papeles no pueden interrumpir su gestación ni recibir planificación familiar

Las condiciones de vulnerabilidad se ven agravadas en los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE). En ellos, falta atención especializada para mujeres embarazadas y se han producido casos de interrupción o denegación de tratamientos, junto con abusos por orientación e identidad sexual.

 

 

Violencia sexual y de género

Durante el año 2014 se instruyeron en España 899 delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los Juzgados de Violencia Contra la Mujer. El 22% de las víctimas de estos delitos, han sido agredidas por sus parejas o ex parejas. Durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas (27.730) en España, han sido mujeres y niñas.

En el año 2014 sólo se han esclarecido el 74,86% de los hechos y se han realizado imputaciones o detenciones en el 65,34% de los casos. Por lo tanto, un 25% de los hechos han quedado sin esclarecer y sin imputaciones por el delito.

Se ha reducido un 21,6% el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de la violencia machista y en un 18% el presupuesto para políticas de igualdad.

 

Violencia en el marco de la pareja o ex pareja

En España, el 10,3% de las mujeres de más de 16 años ha sufrido violencia física, el 25,4% violencia psicológica de control, el 21,9% violencia psicológica emocional, el 8,1% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y el 10,8% violencia económica.

El 45% acudieron a servicios de asistencia médica, psicológica, jurídica o social, pero sólo un 28,6% la han denunciado y de ellas un 20,9% retiraron luego la denuncia.

El Gobierno debe incluir otras formas de violencia de género en la legislación, más allá de la violencia en el ámbito de la pareja

En cuanto a las mujeres con discapacidad acreditada superior al 33%, el 23% afirma haber sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas.

El diagnóstico del informe es claro: el Gobierno debe incluir otras formas de violencia de género en la legislación, más allá de la violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja. Se deben recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y victimario.

Además, es necesario dotar de recursos específicos para tratar la violencia a los servicios de urgencias y atención primaria, atención especializada y salud mental.

 

Violencia de género, inmigración y trata de mujeres

Existen sectores de mujeres especialmente discriminados frente a la violencia, como las mujeres que han nacido fuera de España, cuya tasa de malos tratos duplica a la de las mujeres españolas, por lo que es preciso analizar su situación específica para paliar esa situación.

En cuanto a las víctimas de trata, el Estado español no ha puesto en marcha los mecanismos de protección internacional a los que está obligado y sigue denegando sistemáticamente a estas mujeres el derecho de asilo, a pesar de que sus vidas podrían correr un grave riesgo en caso de tener que retornar a sus países de origen.

 


Informe conjunto:

Alianza por la Solidaridad, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), Creación Positiva, Federación de Planificación Familiar Estatal, Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), Forum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde Fundazioa, Médicos del Mundo, Plataforma CEDAW Sombra, Red de Mujeres de América Latina y del Caribe en España (Red Latinas), Women’s Link Worldwide.

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