La acumulación de contradicciones y mentiras producidas por el caso Soria, y la naturalidad con la que piensan despachar esta acción, deja pocas dudas del desdén que demuestra el partido en el gobierno en su concepto de la función de gobernar. La paciencia ciudadana parece infinita.

El Partido Popular desde la época de su reencarnación derivada de Alianza Popular, bajo la férrea dirección del estratega de Perejil, una metáfora del nivel de estadistas que nos ha tocado en suerte, ha sabido utilizar todos los mecanismos de la destrucción política del oponente para lograr que los intereses particulares estuviesen por encima de los generales del país. La participación, directa o indirecta, de uno de los hijos de Botella en el fondo buitre beneficiado con la venta inmobiliaria, que parece estar bajo investigación, es presunción de que la saga es coherente con los comportamientos familiares y partidarios. O eso parece.

Las continuas confusiones entre los recursos públicos y los beneficios privados derivados de las decisiones políticas, y de las prácticas dolosas de cargos públicos y representantes, han alcanzado el paroxismo. La negación de haber transferido una deuda financiera, por una monumental operación de vaciamiento de los recursos del Estado, y la transferencia de la misma al conjunto de ciudadanos, se está manifestando de manera abrumadora en los sucesivos procesos judiciales en marcha. De más está decir, que la cantidad de casos prescriptos por motivos similares, sumarían un total en millones que podría escandalizar a los empobrecidos ciudadanos. Téngase en cuenta la “regularización fiscal” de Montoro. Todavía aguardamos la lista de defraudadores que se han beneficiado y la verdadera motivación que tuvieron para implementarla. O el rescate a la banca. Mentira suprema. Pero no es todo.

La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, autorizó a siete ex altos cargos del Ministerio de Defensa para trabajar en empresas de armas entre 2007 y 2015 en calidad de asesores, consultores o administradores, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia. Cinco de esas autorizaciones se concedieron con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y otras dos con Mariano Rajoy en La Moncloa. Un secretario general de Política de Defensa y seis altos cargos del Ejército nombrados entre 2001 y 2013 recibieron el permiso del Gobierno para trabajar en Indra, Santa Bárbara Sistemas, Airbus, Explosivos Alaveses, Lockheed Martin o TRC, habituales contratistas de la cartera dirigida actualmente por Pedro Morenés.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. De las 17 autorizaciones firmadas por la Oficina de Conflicto de Intereses sobre altos cargos del Ministerio de Defensa desde la aprobación de esa ley, ocho estuvieron relacionadas con empresas de armas.

El BOE recogió en su día un decreto que establece que será Soraya Sáenz de Santamaría, y no Luis de Guindos, quien se encargará de despachar y firmar el reparto de las cantidades destinadas a financiar el bono social de las eléctricas. El ministro de Economía y Competitividad en funciones, que asumió las funciones de Industria, Energía y Turismo tras la salida de Soria, no puede participar en este proceso puesto que, hasta su nombramiento, fue consejero de Endesa. La confusión de intereses es total. Esta fue la tercera vez que De Guindos dio un paso atrás en la toma de este tipo de decisiones desde que asumió las competencias. De Guindos no es el único ministro de este Gobierno que se ha abstenido en una decisión por conflicto de interés. Pedro Morenés, Ministro de Defensa, también tuvo que abstenerse en las negociaciones de compra de nuevas fragatas, por su relación con una empresa de misiles.

El caso de Morenés es interesante. Según nos informan desde la web “El BOE nuestro de cada día”, las modificaciones de los créditos asignados a cada partida en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el Congreso para este año, a 31 de julio se repite que el presupuesto de Defensa es el que más engorda. En concreto, a esa fecha, los créditos se habían aumentado en 1.162 millones, pasando así de los 5.788 aprobados en Las Cortes a 6.950. Esta cifra queda lejos de los 2.300 millones extra concedidos en 2015, con un crédito final que ascendió a 8.102 millones de euros. Esta cifra podría aumentar aún más, si tenemos en cuenta la tendencia de años anteriores, en lo que queda de 2016.

Pero no se asombren aún. Habiendo consultado al Constitucional, este consideró que el uso del Real decreto-ley para aprobar estos pagos no está justificado y anuló la decisión. Pero no habrá marcha atrás para las transferencias ya realizadas y de presupuestos anteriores (2014 y 2015). En el documento, el TC recoge palabras del propio Ministerio de Defensa en el Congreso, particular división de poderes: “No trata de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores”. Ello, para justificar que no se trata de gastos que no se puedan planificar. En ese sentido, establece que, aunque no se puede saber exactamente a cuánto ascenderá la factura anual a la industria armamentística, sí se conoce el total a abonar hasta 2030: 29.500 millones.

El gobierno en funciones nos miente. Se contradicen y tienen cautiva a la democracia de modo tal, que sería interesante revisar la figura de la sedición. Recuerden ahora los recortes que se proponen realizar en los soportes sociales de sanidad, educación, pensiones y dependencia. Saquen luego sus conclusiones. Literalmente, eso es romper España. Somos el hazmerreir del mundo.

Gestionar es asignar recursos escasos y legislar para ofrecer un marco de garantías, en procura del interés general de los españoles. Entrar en conflicto de intereses es cuando las consecuencias de esa administración se afectan temerariamente la calidad de vida de los ciudadanos y su propia existencia. Estamos en el derecho de exigir que dejen de despreciarnos. En especial, cuando la fuente de la legitimidad de un gobierno también lo está siendo. Tengo la sensación de que lo que está en juego no es la elección de un gobierno. Lo que nos jugamos, por la acción de corruptos y negligentes, es la propia existencia de España.

Es la hora del verdadero patriotismo. Vota en consecuencia.

 

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