“Cuando alguien pone una denuncia por robo, nadie cuestiona que sea verdad o no, pero si es una mujer maltratada la que da el paso adelante y denuncia, el foco siempre se pone sobre ella y no sobre el denunciado”. Expertos en violencia de género y derecho de familia consultados por Diario16 han confirmado que el caso de la víctima de violencia de género adelantado por la Cadena Ser, a la que un juez llamó “bicho” e “hija puta” tras una vista oral a la que no pudo asistir por encontrarse ingresada en el hospital por un ataque de pánico, no es un caso excepcional. “Es algo más habitual de lo que piensa”, asegura a este diario una abogada de familia. “Se las juzga a ellas, a las víctimas que denuncian, son las únicas que son cuestionadas en la veracidad de los hechos denunciados”, añade.
Una de cada tres sentencias sobre violencia de género acaban con la absolución de los presuntos maltratadores
Las estadísticas oficiales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género certifican trimestre tras trimestre que una de cada tres denuncias de violencia de género sigue cerrándose con la absolución del presunto maltratador, pese a que en el primer trimestre de este año el número de sentencias condenatorias se incrementó un 2,3% respecto al mismo periodo de 2017.
La conclusión que extraen los expertos es que el sistema judicial en general, tanto jueces como fiscales, pese a los avances experimentados en los últimos años, sigue sin creer las denuncias de estas mujeres que deciden acudir a los juzgados para contar sus experiencias. De los 12.975 casos juzgados en los tres primeros meses de este 2018, un total de 4.083 denunciados por malos tratos fueron absueltos.
El movimiento feminista en general y expertos en violencia de género en particular vienen denunciando la existencia de la justicia patriarcal con datos estadísticos en la mano, no dando pábulo a rumores sino partiendo de la voz de la experiencia. Ahora, esta víctima de violencia de género ha aportado una contundente prueba que certifica que un juez tenía previsto dictar una sentencia contra ella pese a estar valorada como víctima de maltrato psicológico continuado desde 2016.
El juez que insulta a la maltratada dice que “es una conversación privada que se ha grabado indebidamente”
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, apunta que “lo menos que se puede pedir en los juzgados de Violencia de Género son profesionales con opiniones decentes sobre las mujeres víctimas”. A este respecto, el Consejo General del Poder Judicial se vanagloriaba hace sólo unos días de que los jueces no adscritos a ningún juzgado especializado en violencia de género tienen a partir de ahora la opción de formarse en perspectiva de género si así lo deciden voluntariamente.
La ley impide obligar a toda la plantilla de jueces y fiscales a esta formación. No son pocos los que, pese a tener formación específica en perspectiva de género al estar adscritos a un juzgado de violencia de género, siguen sin creer la versión de estas mujeres en general. Así lo confirman varios abogados de familia consultados por este diario, que sufren a diario los rigores interpretativos de los que tendrán que impartir justicia en estos casos tan delicados.
Por el momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este mismo jueves incoar una diligencia informativa al juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, tras la queja de una mujer víctima de violencia machista, la modelo María Sanjuán, que denuncia que el magistrado se burló de ella y la llamó “bicho” e “hija puta”. Esta víctima de violencia de género tiene una valoración policial de riesgo extremo. Pese a ello, el citado magistrado y la fiscala cuestionaron el estado de salud de la víctima, que se encontraba ingresada en un hospital por un ataque de pánico. “Verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuán cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”, “estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media” decía con sorna el juez.
La grabación recoge la conversación que se produce tras la finalización de la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos, dos bebés de 21 y 10 meses. Tanto la fiscala como la letrada de la Administración de Justicia que comparten las risas y chanzas con el juez han abandonado ya el caso. El juez ha presentado un escrito para que sea la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si lo aparta o no del mismo. En declaraciones a la Ser, el juez Martínez Derqui apunta: “Lo único que puedo decir es que es una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y de la que se está haciendo un uso indebido”.
