Según el gobierno de Mariano Rajoy 2017 será el cuarto año de la recuperación económica, la salida definitiva de la crisis, el comienzo del retorno a la prosperidad de España, en fin, el final del túnel. Sin embargo, todo el optimismo que quieren vender tanto en nuestro país como en Europa o en cualquier foro internacional es falso porque la realidad siempre se impone a la propaganda. El estado de nuestro mercado laboral así lo refleja dado que los altos niveles de precariedad, la elevada temporalidad, la devaluación salarial, los abusos de ciertos empresarios o la constante vulneración de los derechos laborales reconocidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en los diferentes convenios colectivos no son los propios de un país que está creciendo a un ritmo sostenido del 3%. Mientras el Partido Popular, sus dirigentes, los integrantes del gobierno y el sector de los medios de comunicación insisten en un optimismo cimentado en las cifras absolutas, el número de trabajadores despedidos en Expedientes de Regulación de Empleo se ha incrementado en 2016 en 3432 respecto a 2015, lo que supone un 15%.

La situación política actual en la que el gobierno del Partido Popular se encuentra en minoría y en la que las medidas de empleo adoptadas en la X Legislatura es probable que sean derogadas, sobre todo la Ley 3/2012, ha provocado un incremento de los ERE por temor a que las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento tengan más en cuenta los derechos de los trabajadores que los privilegios de la patronal. Todo el sector bancario y grandes empresas como Repsol o Iberia han adelantado sus planes de ajuste en previsión de que las reformas propuestas por los partidos de la oposición deroguen la Reforma Laboral o aprueben un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Ese adelanto de los planes de ajuste de plantilla ya fue adelantado por algunas grandes empresas cuando Pedro Sánchez intentó formar gobierno en el mes de febrero.

temor a que las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento tengan más en cuenta los derechos de los trabajadores que los privilegios de la patronal

La legislación aprobada por el Partido Popular dio tantas herramientas a la patronal para vulnerar los derechos de los trabajadores que ahora se está produciendo la reacción del empresariado para cubrirse las espaldas. En muchos casos esos planes de ajuste no son despidos sino que se implementan a través de la externalización de actividad a empresas multiservicios, cuando no la deslocalicen. Con ello el empresariado pretende ganar competitividad a través del trasvase de sus plantillas a estas empresas externas y de la reducción de costes. En algunos casos, como en el sector de la hostelería, la diferencia entre mantener a la plantilla con el convenio de empresa o externalizarla puede llegar al 70%.

España es un país donde las empresas atacan al empleo cuando quieren reducir costes. En otros países, como Alemania, se buscan otros tipos de salidas antes de la reestructuración de las plantillas porque allí prima la productividad antes que la rentabilidad rápida y si se reduce la plantilla o se tiene un equipo de trabajadores desmotivados por recortes salariales o de jornada la productividad se resiente.

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