El juicio por la presunta violación a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 continuará celebrándose a puerta cerrada, tal y como estaba previsto desde un principio, sin embargo, los magistrados  sí han aceptado que las conclusiones finales se realicen de forma abierta al público y con los cinco acusados presentes en la sala.

La decisión tomada por los magistrados ha sido celebrada por Agustín Martínez Becerra, abogado de El Prenda y otros dos acusados. “Así todo el mundo podrá conocer la realidad de lo ocurrido”, ha asegurado, además, ha pedido que “se baje el balón al suelo, se relajen los comentarios y juicios paralelos porque, aquí, se va a impartir justicia pase lo que pase

Así mismo, Martínez Becerra, ha censurado las palabras de algunas periodistas y ha pedido “tranquilidad con la justicia” después de escuchar que “si no hay condena, van a arder las calles”.

Un comunicado emitido por el tribunal este pasado miércoles  en el que se aclaraba un asunto procesal relativo a las cuestiones previas del juicio, sobre la incorporación a un informe de una foto publicada en redes por la denunciante después del juicio, ha provocado una queja del propio abogado de la defensa.

En este sentido, Martínez Becerra,  ha asegurado que lo único que pretendía era “intentar que la presión mediática se controle”. Por eso, ha pedido esta mañana, antes de entrar a la Audiencia de Navarra, que “dejen por favor trabajar al tribunal” en referencia a la “presión social y en redes sociales que está haciendo un increíble juicio paralelo”.

Las conclusiones finales están previstas para el viernes 24 y el lunes 27.

Está previsto que el viernes viertan sus conclusiones la acusación particular, la popular (formada por Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra), así como la propia Fiscalía.

El lunes, 27 de noviembre, las tres defensas de los acusados. En ambas ocasiones se podrá acceder a la sala 102 de la Sección Segunda de la Audiencia navarra, aunque con ciertas limitaciones: Los periodistas no podrán entrar con cámaras de vídeo, tampoco se podrán hacer fotografías y no se usarán grabadoras.

El tribunal decretó antes del inicio del juicio que las sesiones se desarrollarían íntegramente a puerta cerrada para proteger “el derecho fundamental a la intimidad” de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una “indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual” que pertenecen a la esfera personal.

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