A las comunidades autónomas gobernadas por el PP les ha entrado de repente las prisas por reformar el sistema de financiación autonómica, algo que en los años de Gobierno de Mariano Rajoy no parecía un problema tan acuciante. Perdido el poder, los populares vuelven a agitar la bandera del agravio territorial que tan buenos réditos electorales les ha proporcionado en otros tiempos, y lo que hace solo un año era un asunto que podía aparcarse sin mayor problema ahora se convierte en algo absolutamente prioritario, casi en una cuestión de Estado innegociable.

Ha vuelto por tanto el mantra del victimismo machacón, aquel mensaje de “el PSOE no nos quiere” tan eficazmente propalado en comunidades tradicionalmente gobernadas por el partido de la gaviota, y los viejos proyectos no ejecutados, como los AVES, las carreteras y los trasvases de agua, serán desempolvados de los cajones con total seguridad. Ante esta primera ofensiva autonómica de los populares –el PP solo es autonomista cuando está en la oposición–, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que la reforma de gran calado del sistema de financiación no llegará en esta legislatura, aunque sí habrá a corto plazo algunos paquetes de inversión, parches urgentes para mejorar la liquidez de las comunidades, especialmente la de aquellas que están “infrafinanciadas” desde hace años.

El PP ha olido la sangre con el anuncio de Sánchez de que la reforma se abordará en la próxima legislatura y ya ha puesto en marcha la correspondiente maquinaria de propaganda. En Galicia, el presidente del Gobierno y Núñez Feijoo se reunirán probablemente en julio para discutir el problema. El calendario del AVE, el traspaso de la AP-9 o la financiación de la dependencia son asuntos que estarán encima de la mesa. Pero el líder gallego ya ha anunciado que no perderá la oportunidad para que el presidente del Gobierno aclare los plazos de una posible reforma.

Sánchez ha encontrado un nuevo frente territorial en las comunidades gobernadas por el PP, aunque las comunidades socialistas tampoco serán precisamente sumisas en este asunto

El Gobierno de Castilla y León es el único que mantiene cierta coherencia en este tema, ya que durante los últimos años de Rajoy exigió un nuevo modelo de financiación, el mismo que reclama ahora al Ejecutivo socialista con el fin de abordar un asunto para el que “no cabe plazo de gracia”.

En la misma línea se mantiene el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien cree que hay tiempo “más que suficiente” para abordar la reforma a corto plazo o, al menos, “intentarlo”.

Tampoco Murcia parece dispuesta a levantar el pie del acelerador en sus reivindicaciones históricas, ahora que están los socialistas en el poder. Es más, todo apunta a que tensará la cuerda con Madrid en una nueva reedición de aquel viejo pulso con Zapatero, al que acusaron de ningunear a los murcianos y hasta de robarles el agua.

Por su parte La Rioja exige que la cuestión no se aborde en reuniones bilaterales, para garantizar así “la transparencia” y el trato igualitario.

A estas alturas queda claro que a Sánchez le ha surgido un nuevo frente territorial en las comunidades gobernadas por el PP pero además las socialistas tampoco serán precisamente sumisas en este asunto. Susana Díaz ya ha advertido que se ratificará en los acuerdos alcanzados con el Gobierno central, según los cuales Andalucía debería recibir unos 4.000 millones de euros más al año. Por su parte, Ximo Puig, que sigue denunciando la infrafinanciación que desde hace años padece la Comunidad Valenciana, recuerda que la reforma fue siempre una de sus reivindicaciones prioritarias frente al Gobierno de Rajoy, por lo que no renunciará a proponer un nuevo modelo a corto plazo y “lo más rápidamente posible” porque el actual “es injusto”.

Tanto Asturias como Aragón parecen decididas a insistir en Madrid para que acometa la remodelación “cuanto antes”. Y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, no renuncia a negociar “de forma rápida” un nuevo sistema, aunque se ha mostrado comprensiva con Sánchez y culpa al PP de los “seis años perdidos”.

Extremadura apuesta por que las nuevas medidas de financiación se puedan implantar en los próximos meses, dejando para más adelante la reforma integral, y en Castilla-La Mancha creen que la cuestión se debe afrontar de manera urgente, ya que en aquella comunidad el asunto “corre mucha prisa”, según fuentes del Gobierno regional.

Las comunidades nacionalistas tampoco van a ser precisamente dóciles tras el anuncio de Sánchez de postergar la reforma de las cuentas autonómicas. La Generalitat de Quim Torra exige una negociación bilateral entre Cataluña y España como si se tratara de “dos estados soberanos” y aunque el País Vasco en principio parece sentirse cómodo con su sistema de cupo, no renunciará a los nuevos beneficios económicos y fiscales que pueda traer la posible reforma.

Canarias lamenta el retraso de cuatro años en revisar el sistema, el Ejecutivo navarro muestra “respeto absoluto” a lo que el resto de comunidades negocien con el Gobierno (el “mismo respeto” que Navarra “pide para sus propias instituciones”) y Cantabria ve “razonable” una reestructuración de la deuda que permita “aligerar la carga fiscal” hasta que llegue el nuevo modelo.

Así está el ambiente mientras aguarda un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prevé más tenso y acalorado que nunca.

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