La excesiva rotación en el mercado laboral español tiene esos efectos no contados. La temporalidad es tan tremenda que se suscriben contratos desde un día hasta una semana, y hasta tres meses. El empresario procede a comunicar a las oficinas de empleo dichas contrataciones de trabajadores a los cuales proceden a dar de baja de sus listas. El problema que surge es que este tipo de contratos, casi todos a tiempo parcial, no generan derecho a prestación por desempleo al no reunir el tiempo mínimo. Entonces, el trabajador vuelve a estar en situación de desempleo pero no lo comunica al organismo empleados correspondiente por varias causas. Entre otras porque las administraciones no facilitan la labor burocrática por mucho que se les llene la boca diciendo que se pueden llevar a cabo telemáticamente.

La enorme brecha entre el llamado “paro registrado” y el paro “en términos EPA”, (Encuesta de Población Activa) se debe a un solo motivo. Los resultados del primero obedecen a la suma de las listas de demandantes de un puesto de trabajo en las oficinas públicas de empleo mientras que el segundo obedece a una encuesta que elabora el Instituto Nacional de Estadística con todas las ventajas e inconvenientes de los sondeos sicológicos y sus correspondientes márgenes de errores. La Unión Europea sólo reconoce a este último sistema de medición del empleo en España. El paro registrado alcanzó, en diciembre pasado, a 3.702.974. Según la EPA, al finalizar el tercer trimestre del año, había en España 4.320.900 parados. Un desfase de más de 600.000 personas que evidencian los desajustes estadísticos susceptibles, posteriormente, de ser manipulados por unos y por otros.

Desde que existen las series históricas estadísticas referidas a estos datos, los expertos vienen avisando del escaso rigor con que se manejan. Pero ahora las voces se han elevado hasta convertirse en gritos. Y más tras comprobar que los medios de comunicación han elevado a categoría de “descenso histórico” del paro las cifras anuales facilitadas por el Ministerio de Empleo. No hay tal descenso histórico por el simple hecho de que no todos se van a apuntar al paro.

Diario 16 ha llevado a cabo la experiencia con un trabajador que estuvo contratado desde el 10 de noviembre hasta el 22 de diciembre haciendo una sustitución, a tiempo parcial, de un conserje de un colegio público. Pasadas las vacaciones navideñas, la empresa de trabajo temporal le comunicó el final del contrato y la comunicación al servicio público de empleo de la comunidad autónoma correspondiente.

Por supuesto, ese trabajador no tiene derecho a prestación por desempleo porque sólo “ha cotizado” un mes y medio, es decir, 45 días. No llega al mínimo. Es un parado de larga duración mayor de 50 años. Hacía 10 años que no trabajaba y aceptó este puesto de trabajo para, por lo menos, acumular historia laboral, por si llega a tiempo de beneficiarse de una pensión con sus 25 años actuales de cotización. No obstante, para seguir la pauta y seguir accediendo a los escasos beneficios que te da la situación de “demandante de empleo”, decidió solicitar el reingreso en las listas.

En la página web del Sepes, aseguran que se puede realizar el trámite “telemáticamente”. El trabajador tiene identificador y número de contraseña. Uno de los dos requisitos para acceder al trámite. El otro es el DNI electrónico que no acaba de consolidarse entre los particulares. El trabajador intentó acceder al trámite. Se le denegó.

Primero se le derivó al servicio de empleo de su comunidad. Allí, se le indica que si ha estado inscrito con anterioridad sólo tiene que acceder al apartado “servicios disponibles”. Allí encontrará de todo menos “una nueva demanda”. Hay “renovaciones” en las que los parados pueden “sellar” el control trimestral sin necesidad de personarse físicamente en la oficina, hay la confección de informes personalizados, pero nada de nuevas inscripciones. Al trabajador no le quedó más remedio que acudir a la oficina de colocación. Esperar a que llamasen a su número, el 100 de la lista de espera, y ser atendido. Lo demás fue sencillo, pero, como dicen los sindicatos, “todo eso, ¿para qué? En realidad, estar inscrito como demandante no sirve más que para acceder gratuitamente a algunos servicios públicos. Porque si no has trabajado el tiempo mínimo, no podrás cobrar prestación”, señalan los responsables de la secretaría de empleo de Comisiones Obreras.

Demasiados quebraderos de cabeza, demasiados trámites burocráticos para nada. El parado lo deja estar y nada. El trabajador seguirá buscando desesperadamente medios de subsistencia. Y, mientras tanto, el Gobierno y un sector muy significativo de la sociedad, seguirá creyendo que estamos acabando con la peor consecuencia de la crisis, el paro. Que estamos recuperándonos económicamente olvidándose de que 4.320.800 personas siguen en tal dramática situación.

Como apela un dicho popular: “no es más ciego el que ve, sino el que no quiere ver”.

 

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