Corría el mes de octubre de 2014 y Juan Ignacio Zoido (Montellano, Sevilla. 1957) gobernaba el Ayuntamiento de Sevilla desde 2011, año en el que se convirtió en alcalde la capital andaluza hasta las pasadas elecciones municipales de 2015. Entonces Zoido decidió, junto a su gobierno y a LIPASAM (Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla), multar con 750€ a toda persona que buscase en la basura.

Fue el 24 de octubre cuando entró en vigor esta ordenanza municipal (la anterior databa de 2003) y cuando apareció en el panorama Lagarder Danciu. Este activista de origen rumano se opuso a lo que consideró “un ataque a la ciudadanía sin recursos”, y encabezó una protesta contra el alcalde de la ciudad hispalense.

Tras la protesta contra el Ayuntamiento, la Plataforma CDT (Plataforma Ciudadana Por La Democracia y Transparencia) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que fue admitida a trámite. Fue entonces cuando la institución presentó la escrito ante el alcalde en el que reclamaba que la sanción a las personas que hurgaban en los contenedores suponía una “criminalización de la pobreza”.

Ante la queja por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla envió una nota en la que se puede destacar su poca empatía al emitir mensajes afirmando que “nadie puede manipular en el interior de los conteneros” y que la nueva ordenanza viene dada para “garantizar la salud pública y la seguridad” y para controlar el robo de contenedores y contribuir a la limpieza de las vías públicas.

Finalmente, la queja fue archivada y el trabajo de la Plataforma CDT y de Lagarder fue ignorado por el ayuntamiento de Zoido.

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