En la misma semana en la que nos informaron acerca de la condena sin fianza del máximo responsable del llamado caso Noos, y la “recomposición” del plantel del Ministerio Fiscal a favor de las tesis del PP debemos traer a colación que, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, se basaron en razones jurídicas para argumentar que la hermana del rey no debía ser juzgada. La Agencia Tributaria también se opuso a que un perito designado por el juez José Castro investigase a la Infanta. En su memento, la Agencia Tributaria denunció la existencia de un delito fiscal en la sociedad que poseían al 50% los duques de Palma. Sin embargo, sólo consideró culpable del mismo a Urdangarin por su condición de administrador. En un extenso dictamen, la Agencia Tributaria incidió, casi en una interpretación parapsicológica, en que para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública se requiere “una previa participación consciente dirigida a la defraudación, bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos”. Según el ministerio de Montoro, ello no sucedió en el caso de la Duquesa de Palma.

Aún así, el tribunal consideró a Urdangarin culpable de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y de dos delitos contra la hacienda pública. Sí, hablamos de ese ciudadano que disfruta de su arraigo familiar en Suiza. Sobre la infanta Cristina, el tribunal da la razón a la Fiscalía, ya que solamente le impone pagar casi 265.000 euros por haberse beneficiado económicamente de los delitos cometidos por su marido. En el caso del exduque de Palma, préstese atención, las penas impuestas por cada uno de los delitos es inferior a tres años. Ello supone que, aunque suman en total 6 años y 3 meses, la defensa tendrá argumentos para evitar que su cliente ingrese en prisión por las infracciones. Del dinero defraudado no tengo claro en donde está ¿Alguna idea?

En esos días, sin entrar en consideraciones de inequidades o sorpresivos giros de la administración de Justicia, nos enteramos también de que, en el caso ERE la juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política del mismo. Entre ellos, el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros. Debe recordarse que, entre los más importantes, la juez Mercedes Alaya, que fue quién inició el caso, impuso 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero 686 millones, al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá 490 millones y a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez 29 millones. ¿A que no fue noticia de cabecera en telediarios y periódicos?

Aún así, lo alarmante es que, esta decisión de anular las fianzas, se produce luego de que la Junta de Andalucía, la perjudicada institucional en este caso, no acusa a nadie, y decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal. De los recursos malversados a los ciudadanos, que pueden ser las víctimas de las presuntas maniobras de esas prácticas, poco importa.

En una visión de conjunto, nada parece relacionar estas decisiones administrativas y políticas, con la predisposición de la Gestora, instrumento de la mandataria andaluza en decidir el apoyo de los diputados abstencionistas en cuanta votación lo requiera el gobierno Rajoy. Esta circunstancia que, según se opinó desde varios medios, se inscribe en la denominada Gran Coalición PP-PSOE-Ciudadanos, fue la verdadera razón del descabezamiento del Secretario General electo del PSOE. Todo tiene su precio en las relaciones de interés.

Traigo aquí las lúcidas ideas de Joaquim Bosch, un miembro de Jueces para la Democracia. Este magistrado puso de manifiesto su convicción de que, a pesar del avance que ha habido en las últimas décadas, en relación a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la realidad es que hay diferencias sociales que se traducen en diferencias ante la justicia. En este sentido ha declarado que: “Hay gente que puede permitirse pagar a uno de los mejores letrados y otros que no tienen medios para ello. Al finaltener un buen profesional que te defienda puede ser la clave de cualquier juicio”. Para añadir que, la legislación española, “no es neutra” al criminalizar la pobreza y al ser complaciente con la corrupción política y con la alta delincuencia económica.

Resulta patente que, la expresión artística o la discrepancia política, se penalizan en este país con una desproporción tanto o mayor a como se penalizaban en los años oscuros del franquismo. Se utilizan a las instituciones no como medios de preservar los intereses del conjunto ciudadano. La sociedad civil se siente alarmada por las consecuencias que soporta al no respetarse esa finalidad.

Invito a las personas que lean estas líneas a que tengan una visión de conjunto. Nada es casual. Todo es causal. Hagan el esfuerzo y enfádense, están en su derecho. No permitan que los sigan engañando.

Aún están a tiempo.

 

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