José Ángel Prenda se coloca el casco con la moto a toda velocidad tras firmar en los juzgados de Sevilla.

Salen a la calle con naturalidad, sin ocultarse lo más mínimo ante las cámaras de televisión y los periodistas, pasean, tiran la basura con normalidad, quedan con amigos que los recogen en coche, y también acuden puntuales a los juzgados de Sevilla a firmar, trasladados en motocicleta por amigos inquebrantables. Nada puede hacer pensar a primera vista que la justicia española haya avalado la libertad provisional de José Ángel Prenda, condenado, junto a sus cuatro amigos sevillanos autodenominados La Manada, a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Pero así ha sido.

Un juez de Alicante deja en libertad dos meses después al principal acusado de una presunta violación grupal

Mientras tanto, el abogado de cuatro de ellos, Agustín Martín Becerra, se prodiga gustoso por los platós de televisión para dar su visión del caso y no pocos jueces fallan una y otra vez sin formación alguna en perspectiva de género, como la libertad condicional dada también este fin de semana a un hombre de nacionalidad argelina acusado de agredir sexualmente en Alicante a una joven junto a otros tres individuos, dos de ellos puestos inmediatamente en libertad y el tercero aún fugado de la justicia.

La orden de libertad provisional dictada para La Manada, sólo unos meses después de ser condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales ha puesto en evidencia dos realidades incuestionables: con la ley en la mano, los condenados podían haber pasado otros dos años y medio más en prisión provisional, pero no ha sido así.

La segunda realidad es que el magistrado Ricardo Javier González González y su compañera de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra Raquel Fernandino han respaldado con argumentos muy criticados la puesta en libertad provisional de los condenados, que han tenido que abonar una fianza de 6.000 euros y también están obligados a acudir al juzgado de guardia de Sevilla todos los lunes, miércoles y viernes para poder mantener su situación legal de libertad.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han recurrido esta puesta el libertad de los cinco miembros de La Manada, que se produce mientras se resuelven los recursos que todas las partes del proceso han presentado contra la sentencia inicial en el TSJ de Navarra.

Mientras tanto, cuatro de los cinco condenados –José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero– están también imputados en otra pieza derivada del caso de los Sanfermines, por una supuesta agresión sexual a una joven de 21 años en Pozoblanco (Córdoba) en mayo de 2016, apenas un mes antes de los abusos cometidos en Pamplona el 7 de julio de ese año sobre otra joven.

El ciudadano argelino acusado de una presunta agresión sexual grupal contra una joven en Alicante el pasado 14 de abril, de 34 años, residente en Orán y miembro de una acaudalada familia, fue detenido en el aeropuerto de Alicante a las pocas horas de ser denunciado por su presunta víctima cuando intentaba coger un vuelo para su país. El juez ha decidido ahora, sólo dos meses después de los hechos denunciados, ponerlo en libertad provisional.

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