No ha empezado muy bien el año para el ministro de Justicia Rafael Catalá. Sus decisiones están siendo cuestionadas desde distintos sectores judiciales y, a buen seguro desde la sociedad. Más de uno ya empieza a pensar que el Partido Popular está comenzando a actuar como cuando tenía mayoría absoluta y no entiende que pinta el PSOE en su labor de oposición. Ya sucedió con el nombramiento de José Manuel Maza como Fiscal General del Estado. Y más aún cuando el ministro se embarca en labores difíciles de entender para quienes, después, tendrán que introducir su voto en una urna.
Ahora es la Unión Progresista de Fiscales (UPF) quien ha solicitado hoy la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por «cuestionar» y «amenazar» con acciones contra las fiscales que pretendían investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en una rama de la trama Púnica de corrupción política.
En un comunicado, los fiscales piden «la dimisión del ministro de Justicia por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales y con absoluto desconocimiento de la ley el trabajo» de las citadas fiscales y «amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior».
La Fiscalía General del Estado se opuso al criterio de estas fiscales de investigar a Pedro Antonio Sánchez, en un caso de presunta corrupción en el caso Auditorio, cuando Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la Región de Murcia, era alcalde de la localidad Puerto Lumbreras.
La asociación de fiscales entiende que se trata de una «intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo, y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal», concluyen.
El menestro solo hace lo que le manda Mariano o, como mínimo, lo que le permite. Son demócratas a la fuerza.