La Comisión Europea ha tomado medidas adicionales en lo que respecta a nueve estados miembros, entre los que se encuentra España, al entender que sus normas nacionales contienen “obstáculos excesivos e injustificados a la prestación de servicios en todo el mercado interior de la Unión Europea”.

El caso de España se centra en la profesión regulada de los procuradores, ya que esta profesión jurídica “establece tarifas mínimas obligatorias y restricciones multidisciplinarias a la hora de ejercer España la representación procesal de las partes en la mayoría de los procedimientos judiciales ante los tribunales españoles”.

La Comisión, tras la Carta de Emplazamiento enviada el año pasado, y al seguir la situación en el mismo punto, ha decidido dar el siguiente paso del procedimiento general de infracción y enviar a España un dictamen motivado por este asunto.

España dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión Europea, y de no ser satisfactoria esta respuesta, o no producirse, la Comisión Europea podría llevar el asunto ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE).

España dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión Europea

El origen de estos avisos por parte de la Comisión Europea se basa en los requisitos que han de cumplir determinados prestadores de servicios en los estados miembros. Los mencionados son contrarios a la Directiva 2006/1237CE. Esta directiva no afecta a los abogados españoles. Sólo a los procuradores.

El Consejo General de Procuradores de España entiende que procede una revisión de estos aranceles, pero deben mantenerse, ya que son en beneficio del ciudadano. Además, según se argumenta, se mantienen congelados desde 2.003. La revisión propuesta por los procuradores consistiría en la obligación de efectuar un presupuesto previo para derechos no arancelarios o previsión de coste de actuaciones. También se comprometen a estudiar la cantidad máxima a percibir que se rebajaría de 300.000 euros a 75.000.

El Consejo está en conversaciones con el Ministerio de Justicia, que elabora en estos momentos un dictamen motivado. Entienden que las sanciones no son procedentes, ya que cuando fue comunicada la Unión Europea, España se encontraba con un Gobierno en funciones y no procedía regular dicha trasposición.

 

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