Francisco Camps lo venía advirtiendo y, al final, lo ha hecho. Ha denunciado al guardia civil que redactó el informe que le vincula con el cobro de comisiones ilegales en el llamado Caso Taula. Camps califica de “impresentable” dicho informe y, al mismo tiempo, critica las filtraciones a la prensa que se están produciendo en materia de corrupción. “Todo esto es ilegal y falso. Está redactado de forma maliciosa y malintencionada”. El ex presidente de la Generalitat valenciana no es el único que piensa que la policía y la guardia civil están siendo instrumentalizadas. Lo inquietante es que en el PSOE opinan lo mismo. Que “sus casos” se utilizan para contrarrestar lo que está sucediendo en el PP. El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no puede ser más expresivo cuando niega que sea una simple coincidencia la difusión del escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que piden 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves justo el día en que se debate sobre la postura adoptada por Rita Barberá al conocerse que ha sido imputada por el Tribunal Supremo.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera de la policía son los colectivos encargados de investigar este tipo de delitos. Al llevar a cabo su trabajo bajo las órdenes de jueces y fiscales gozan de inmunidad por lo que la denuncia de Camps será archivada.

Pero en el seno de estas unidades, aunque puede más la profesionalidad, hay miedo no exento de presiones. Orgánicamente dependen del Ministerio de Interior que les paga. Y sus compañeros que no están encuadrados en sus unidades están siendo vigilados estrechamente entre otros motivos por las luchas internas entre los mandos, unas luchas que, según fuentes policiales, están saliendo a la luz, entre otros con casos como el de las escuchas de las conversaciones entre el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en el despacho del primero. Fernández Díaz ha llegado a autocalificarse como “víctima de espionaje”. Sus más directos colaboradores buscan un chivo expiatorio para evitar que sigan pidiendo la cabeza del jefe. Alguien a quien colocar el marrón: “el que puso los micrófonos”. Todo funcionario con acceso al despacho está bajo sospecha. La veda está abierta.

Pero lo que más preocupa a los políticos es la eficacia con que los cuerpos policiales intervienen las conversaciones telefónicas. Siempre bajo la tutela judicial y con todas las garantías legales posibles, tanto miembros de la UDEF como de la UCO han logrado, a través de este medio, reunir pruebas en casos tan importantes como los Eres, Gurtel, Púnica, y Taula. Otro de los medios más utilizados son los registros en las sedes sospechosas. Los discos duros de los ordenadores deparan verdaderas sorpresas. Sobre todo en forma de correos electrónicos, muchos de ellos internos. Desde Iñaki Urdangarín, hasta Miguel Blesa pasando por un numeroso grupo de personajes candidatos a ser condenados judicialmente. Todos cometieron un error. Fueron cuidadosos a la hora de hablar por teléfono, pero no al escribir mensajes a sus compañeros de correrías. El trabajo, en ese sentido, llevado a cabo por las unidades policiales ha permitido destapar todos los escándalos que están en manos de los jueces. Estos están dispuestos a dar la cara y a no permitir ninguna interferencia política en el trabajo de sus colaboradores. Las fiscalías a cuyas órdenes se encuentran estos investigadores se les han transmitido consignas muy claras. Al mínimo “descuido”, hay que informar al juez quien pedirá el amparo, si hace falta, del mismísimo Tribunal Constitucional.

Eso sí. Lo que se ha pedido es prudencia a la hora de relacionarse con la prensa. En ese campo sí se pueden llegar a cometer deslices que pueden servir de argumento a los políticos para acabar con estos colectivos policiales, hoy por hoy, muy bien considerados por la ciudadanía.

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