Malos tiempos para el PP de Castilla y León. El Gobierno incorruptible de Juan Vicente Herrera comienza a hacer aguas y lo hace por la trama eólica. La Fiscalía Anticorrupción considera que, tras investigar las operaciones de una veintena de empresas, hay indicios de seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y otros tres delitos contra la Hacienda Pública.
En la querella se señala como presunto autor de estos delitos a Rafael Delgado, exnúmero dos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León,, así como a otras 21 empresarios, excargos de la Junta, empresarios y directivos a los que se atribuyen diversos grados de participación en la trama.
Curiosamente, todos los acontecimientos legales han coincidido, a pesar de que los presuntos delitos comenzaron a investigarse en el 2015, con el relevo en Castilla y León del presidente del PP. Probablemente no podrá probarse, pero muy bien le ha venido la intervención del fiscal jefe Anticorrupción, tan cercano a Génova, al ya flamante y nuevo presidente de los populares de la región, Alfonso Fernández Mañueco, siempre apoyado por el núcleo fuerte de su partido en Madrid.
Muy interesado está Mañueco en que se conozcan las vergüenzas, si las hubiera, de su antecesor y todavía presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Está a tiempo Mañueco de convertirse en la Cristina Cifuentes como salvadora de la corrupción.
Sin embargo, Mañueco se ha apresurado públicamente a defender a Herrera, mientras medios afines al todavía alcalde de Salamanca se encargan de hacer de portavoces de esta trama y ver de qué forma pueden salpicar al presidente.
Esta misma semana, y tras dos años de investigación por el fiscal Tomás Herranz, la Fiscalía Anticorrupción -con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix- ha aportado en el juzgado número 4 de Valladolid seis archivos de documentos y material digital junto a una querella que supera el medio centenar de folios al considerar que existen indicios de al menos seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo desde el gobierno regional insisten en que este “es un tema que no afecta a la administración”, porque “todos los expedientes cumplían administrativamente”.
Para el PSOE de Castilla y León la corrupción está enquistada en lo más hondo del PP
La ‘trama Eólica’ consistía en conceder autorizaciones para llevar a cabo la construcción de parques eólicos en Castilla y León. Unas subvenciones a través de las cuales el ex número dos de la Consejería de Economía y Empleo, Rafael Delgado, conseguía estas ayudas por parte de empresas particulares como Iberdrola y constructoras como Collosa de las que se adjudicaba 80 millones de euros, aunque en un principio se habló de 100 millones, en concepto de comisión ilegal que destinaba a cuentas de Suiza y Mónaco.
En 2015 la Agencia Tributaria de Valladolid denunció ante la Fiscalía unas irregularidades en torno a la concesión de las autorizaciones para la construcción de 188 parques eólicos autorizados por los viceconsejeros; de los cuales 144 los autorizó supuestamente Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y Empleo y secretario general de la consejería desde el 2003 al 2011) en colaboración con 21 empresarios que se beneficiaban de esas subvenciones y a los que se les atribuyen diversos grados de participación en la trama.
Una trama cuyos promotores se referían a Castilla y León como “Sicilia y León” y según declaraciones a Diario 16 el PP cataloga como “fechorías entre amigos y compañeros” ante el desconocimiento total y absoluto del presidente Juan Vicente Herrera.
Por su parte Javier Izquierdo, portavoz socialista en las Cortes castellanoleonesas, habla de una trama donde se han “extorsionado a las empresas. A algunas se las ha cobrado dinero para recibir las autorizaciones y a otras se las forzaba a vender sus empresas a otras y automáticamente se concedían las autorizaciones”. Una mala noticia para la comunidad autónoma pues, a partir de ahora, “habrá muchas empresas que no quieran invertir en esta comunidad autónoma por una corrupción que pone en riesgo las oportunidades de desarrollo económico”, se lamenta.
Recientemente, y tras dos años de investigación por el fiscal Tomás Herranz, la Fiscalía Anticorrupción -con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix- ha aportado en el juzgado número 4 de Valladolid seis archivos de documentos y material digital junto a una demanda que supera el medio centenar de folios al considerar que existen indicios de al menos seis delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública. Sin embargo, fuentes cercanas al PP con las que ha hablado Diario16 en Valladolid insisten en que este “es un tema que no afecta a la administración”, porque “todos los expedientes cumplían administrativamente”.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha mandado un comunicado que ha recogido Europa Press en el que se asegura que “Administración de la Comunidad ha participado en el proceso de investigación abierto, colaborando y remitiendo a esa Fiscalía cuanta documentación e informes han sido requeridos a fin de facilitar su labor y así poder depurar las responsabilidades que, en su caso, se pudieran derivar de las conductas investigadas”.
Según ha podido saber Diario 16, desde el PP aseguran que la Junta se va a personar en la causa como acusación particular “por cuestión de honor” y desconociendo el contenido del auto de la fiscalía anticorrupción, al que sí ha tenido acceso los medios de comunicación. Además aseguran que cuando Juan Vicente Herrera conozca el contenido de la demanda, éste dará explicaciones al respecto porque “si hay un presidente honrado ese es Herrera”. Según aseguran “no tiene nada que ver en este asunto. El presidente de la Junta es anticorrupción”.
Sin embargo, para el representante socialista Javier Izquierdo, las declaraciones que realizó la portavoz del Gobierno “son un insulto a la inteligencia de la ciudadanía”. El socialista considera que la Junta “tiene que personarse en el procedimiento y a partir de ahí tendrá acceso a la información que solicitan. Pero la Fiscalía no tiene que comunicarles nada” y añade que la corrupción es algo que “está enquistada en lo más hondo del PP”.
Según el portavoz socialista, el actual presidente de la Junta era conocedor de la trama eólica, pues al parecer “algunos empresarios denuncian que avisaron al presidente que estaban siendo extorsionados y no hizo absolutamente nada”.
Por lo tanto “me extrañaría mucho que este tipo de cosas no las conociera el presidente de la Junta toda vez que participan dos de sus consejerías” Desde el PP aseguran que la carta que recibió Herrera era “una de las miles de quejas que se reciben en la Junta” y en donde al parecer el empresario se quejaba ante la UE de la tardanza en cuanto a unos permisos que había pedido, pero “es un tema que no está claro”. El PSOE había pedido que Herrera compareciera ante la comisión de investigación a las cortes pero “el PP y C’s siempre lo ha rechazado y bloquea esa posibilidad”. Pero ante la querella de la Fiscalía Anticorrupción el PSOE ha solicitado la comparecencia de Herrera en el pleno.
En este sentido, el socialista acusa a Ciudadanos de actuar de “comparsa” y de estar haciendo un “papelón en toda regla”.
“Por mucho que diga que viene a regenerar la política, con su actuación está contribuyendo a todo lo contrario”, confirma Izquierdo. Un nuevo caso de corrupción que salpica al Partido Popular y que el portavoz socialista aprovecha para asegurar que la corrupción “en el PP está en todos los lugares en los que ha gobernado”.
Desde el PP se confirma que el presidente de la Junta de Castilla y León cuenta con el apoyo de Mañueco, quien parece respaldar, al menos parece, a Juan Vicente Herrero. En cambio, Javier Izquierdo afirma que Mañueco está demostrando “que no hay diferencias entre el viejo y el nuevo PP”. Todo lo contrario: “el nuevo PP sigue echando tierra sobre la corrupción del PP en la comunidad”, asevera.
