“Soy un apasionado con el Reino Unido pero también soy un demócrata, podría haber prohibido el referéndum pero preferí que los escoceses hablaran”, afirmó David Cameron. En España y ante la crisis catalana, la actitud de los conservadores ha sido diametralmente opuesta a la de los tories británicos, planteando el problema desde el crudo y autoritario reduccionismo de una alteración del orden público, anatematizando el plano político de la cuestión, y gestionando la crisis exclusivamente a través de un politizado Tribunal Constitucional, un fiscal general del Estado reprobado por el Congreso por su parcialidad a favor del ejecutivo derechista y la guardia Civil. La incautación de las finanzas catalanas, los operativos policiales, con registros en las dependencias del gobierno catalán en busca de papeletas electorales, la detención de altos cargos del ejecutivo autónomo, la imputación de más de cuatrocientos alcaldes, sitúa un problema político como el catalán en el caliginoso escenario de la criminalización del adversario político, considerado como delincuente, y el establecimiento de su sesgo represor como la única función del Estado en Cataluña.

El Partido Popular ha obviado el problema político para colocarlo en la zona de confort de su propia visión ideológica de España y que se ubica en esa nación que Laín Entralgo definía como tradicional, cerrada a toda innovación, a veces con violencia y que divide a los ciudadanos en españoles buenos y malos. Es la culminación de un proceso llevado a cabo por la derecha hasta llegar a que la materia de los nacionalismos y, asimismo, la cuestión social se concrete en el terreno de la fuerza, la acción policial y la reducción de los elementos definidores de la democracia. En realidad el problema catalán en la sazón conflictiva que tiene hoy proviene de los esfuerzos de los conservadores por boicotear el estatuto aprobado en referéndum por los catalanes y que la entonces portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría justificó con el siguiente tenor: “Hemos cumplido con nuestra obligación y deber de defender la Constitución y el marco de derechos, libertades y de convivencia que se han dado los españoles”. Es decir, el mismo argumento que hoy utilizan los conservadores para justificar su agresiva intervención en Cataluña.

En este contexto, lo más paradójico de la situación política es la actitud del PSOE de apoyo incondicional a las actuaciones antipolíticas y de fuerza del Partido Popular, teniendo en cuenta que se ha llegado hasta aquí por la dolosa intención de la derecha de desmontar el amplio proyecto socialista de la España plural que hubiera consolidado conceptualmente el mapa federalizante de las autonomías con amplias competencias políticas, como la posibilidad de participación de los territorios autónomos en las cumbres internacionales que España celebrara con sus países fronterizos y de disponer de uno de los dos delegados que el Ministerio de Administraciones Públicas tenía en la Representación Permanente ante la Unión Europea para que pudieran defender por sí mismos aquellos asuntos sectoriales que les afectaran de manera más directa e incluso la intención de buscar la fórmula adecuada para que las comunidades autónomas españolas contaran con algún tipo de representación en el Consejo de Ministros europeo. Como se afirmó entonces, no había más techo que los que establecieran los parlamentos autónomos y las Cortes. Aquella España plural le debió mucho a Maragall que asentó al PSC en la centralidad política catalana, un espacio de magma nacionalista del que desplazó a Convergència. Ese intento del Partido Socialista de construir España de otra manera, más plural, aunque ello implicara alguna reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía, fue duramente descalificada por Aznar asegurando que las propuestas socialistas rompían el “esqueleto” del Estado.

Apoyar al Partido Popular en una actitud de fuerza y en una clara huída del formato polémico del problema político puede tener para el PSOE un coste innecesario y, sobre todo, porque consiste, una vez más, en apostatar de los principios que le deben ser propios y, además, porque los hechos están dando la razón a quienes sostienen que lo que está en juego no es la independencia de un territorio sino el Estado de Derecho, al que se burla con atajos. El uso torticero de la ley es una ilegalidad tan manifiesta como la que se pretende combatir.

 

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