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La soledad del ministro Catalá

La polémica abierta por el titular de Justicia al afirmar que el magistrado del voto particular de la sentencia de la Manada “tiene algún problema singular”, deja en evidencia la falta de apoyos en las filas de su propio partido

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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La polémica abierta por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al afirmar que el magistrado del voto particular de la sentencia de la Manada “tiene algún problema singular” deja en evidencia la falta de apoyos que el titular de Justicia tiene en las filas de su propio partido.

El Gobierno de Rajoy tampoco ha querido manifestarse sobre el comentario que, aunque la sociedad lo aceptó con agrado, la consecuencia es que ha provocado que las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales pidan la dimisión de Catalá.

Así, no sólo hubo silencios atronadores, también críticas como la de Borja Sémper, miembro del Comité Ejecutivo del PP, presidente del partido en Guipúzcoa y su portavoz en el Parlamento vasco que sin miramiento afirmó: “Mi estupefacción alcanzó máximos por lo dicho por Catalá, pero también por todos los que vienen diciendo lo mismo y ahora se escandalizan, por la utilización partidista de la sentencia y por el daño que entre todos se está haciendo al estado de derecho y a la separación de poderes, en el que están participando partidos, medios y sociedad”.

«Lo ha dicho el ministro de Justicia, que es el competente en el ramo. No tengo nada que comentar», se ha limitado a decir el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

En esta línea también se ha expresado Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP: «No sé a qué se refería el ministro Catalá cuando hablaba de un problema singular».

Jueces y fiscales consideran que las palabras vertidas por Catalá cuando afirmó que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado antes contra el juez por ese “problema singular”— es una “intromisión” en su labor.

Sin embargo, el ministro, lejos de rectificar, insiste y afirma en declaraciones a El País: “He advertido de que este juez tenía un problema porque así me lo han explicado compañeros suyos y lo saben muy bien en Navarra”, “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que lo me han contado con mucha preocupación sus compañeros”, razonó. “¿Por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y mudo”, prosiguió el ministro. “¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?”, añadió. Y remató: “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”.

Además, La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a la vista de las recientes manifestaciones realizadas por diversos miembros  del Gobierno en relación con la sentencia 38/2018, de la Audiencia Provincial de Navarra, dictada en el procedimiento de sumario ordinario 426/2016, ha aprobado el siguiente comunicado:

“A raíz de las reacciones que se habían generado en la opinión pública como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra en el asunto indicado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial se emitió un comunicado el pasado 27 de abril en el que recordaba que dicha sentencia se había dictado dentro del marco de garantías y de sumisión a la Ley que recoge nuestro Estado de Derecho, que incluye el debido sistema de recursos que permite asegurar el acierto de las resoluciones judiciales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial apela a la moderación, prudencia y mesura y  a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad. Parece evidente  que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos”.

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