“La estructura de Radiotelevisión Española está claramente desajustada para operar en un entorno dinámico en el que se compite con las cadenas privadas de televisión y con las nuevas plataformas que próximamente ofrecerán sus servicios en España”. De esta manera, el informe sobre la gestión de RTVE, elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que hizo llegar al Consejo de Administración de RTVE sin habérselo solicitado, en junio pasado, deja abierta la puerta a una “estructura más simple” en la corporación. Es decir, a una reducción de plantilla cuando todavía no ha sido liquidado el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo en la época de Carmen Cafarell, algo que no sucederá hasta 2022.

El informe arremete contra la estructura de la Corporación en varias ocasiones calificándola de “claramente desajustada” entre otros argumentos. Especialmente duros son los ataques al modelo de financiación elaborado en la época de Rodríguez Zapatero. “Rígido, inestable y poco operativo”, haciendo suyas las tesis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, en el sentido de su falta de transparencia “que trae de cabeza a las operadoras de telecomunicación, tal y como éstas han puesto de manifiesto ante el Tribunal Económico Administrativo Central”. Lo que el informe no dice es que, de 2010 a 2014, la aportación estatal ha disminuido de 579 millones a 292 millones, casi la mitad.

La SEPI insiste en que la actual “configuración operativa no responde a las necesidades actuales de una empresa de comunicación” y que “en algún momento tendrá que abordarse adaptando su estructura y recursos”.

El accionista único de la CRTVE propone la elaboración de un “Plan Estratégico” o “Plan de Futuro” de la Corporación aunque no adelanta las líneas maestras del mismo. En la actualidad, la plantilla la componen 6.277 trabajadores.

En el último ERE causaron baja 4.150 trabajadores. De momento, este Expediente de Regulación de Empleo ha costado 1.051 millones de los 1.722 previstos aunque en fuentes sindicales señalan que “se están inflando estas cifras, incluso por el Tribunal de Cuentas, cuando están tomando como subidas reales de las retribuciones a los afectados, las simulaciones que, en su día, efectuó ATISA, la empresa encargada de gestionar su pago.

En dichas simulaciones se contemplaba una subida anual periódica de la renta a abonar del 2,5% que nunca se llevó a cabo debido a la crisis económica. Las prestaciones no se han revalorizado en torno al 10% como se ha dicho. Para calcular dicha subida se tiene en cuenta la mejor de dos circunstancias: la subida salarial propuesta en el convenio colectivo de la CRTVE, o la subida salarial para los empleados públicos contemplada en los Presupuestos Generales del Estado. Ambas partidas han estado congeladas durante años. Sólo en 2015 se efectuó un incremento del 1%, el mismo que los empleados públicos.

La mala prensa que ha tenido este Expediente de Regulación de Empleo y su vigencia actual son las circunstancias por las que las autoridades de la SEPI y del Ministerio de Hacienda dudan en poner en marcha un nuevo plan de despidos colectivos. En el ERE de 2006 causaron baja la casi totalidad de los trabajadores mayores de 52 años. A partir de ahí, habría que analizar la media de edad actual, y ver las posibilidades de ejecutar un nuevo plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. Fuentes sindicales señalan que este nuevo expediente podría afectar a unos 2.000 trabajadores.

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