La semana en la que los ciudadanos dejamos de creer en la Justicia

Las decisiones controvertidas que han puesto bajo sospecha al sistema español

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Viñeta de Alberich.

¿La justicia es igual para todos? Este jueves, el director de una publicación digital fue rotundo: “no, partiendo del hecho de que no todos podemos pagar a Miguel Roca, no sólo reputado constitucionalista sino también conocido lobista”.

La semana ha puesto bajo sospecha a la justicia española. La ciudadanía tiene la sensación de que se está manipulando el sistema con la sola intención de acabar con aquello que, en materia de corrupción, sea susceptible de trascender a la opinión pública.

Y es que estamos en ciernes de la principal campaña recaudatoria de impuestos del país, la del IRPF. Y no conviene que acudamos a la cita con Hacienda recordando que hay un personaje, “de rancio abolengo”, en libertad, condenado por delito fiscal mientras a los demás se nos amenaza con represalias si no cumplimos con nuestras obligaciones. Tampoco le conviene a Montoro que esas advertencias se vean contestadas recordándole que altos cargos del PP se encuentran encausados por haberse llevado dinero de las arcas públicas.

El mismo día en que se supo que el condenado Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, con domicilio en Suiza, no se le impone medida cautelar alguna mientras dure el proceso de recurso al Tribunal Supremo, se hacía pública una sentencia, la de las tarjetas black de Caja Madrid, supuestamente ejemplar. Parecía como si se intentase “contraprogramar”, en palabras de los periodistas. Que Blesa, Rato y demás se convirtiesen en los chivos expiatorios mientras la historia de Urdangarín pasaba a un segundo plano. Y algo todavía mucho más importante, y que no está teniendo la repercusión que debería de tener: la “purga” del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, llevada a cabo en los ministerios públicos de los centros judiciales susceptibles de tener que juzgar los casos de corrupción. Entre otras, la Fiscalía Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional y la de Murcia. Y esto no acaba ahí. En la asociación Unión Progresista de Fiscales, UPF, se temen que “esto sólo es el principio”. El inconfesable objetivo del ministro de justicia, Rafael Catalá, parece ser el fin de la autonomía de la institución fiscal. La neutralización de los casos de corrupción en los que aparece su partido, el PP. Y con la implícita complicidad de los socialistas, a pesar de que hayan pedido su comparecencia en el Congreso. Al PSOE también le conviene tal “operación”. A ver si con ello logran parar las consecuencias de casos como el de los eres de Andalucía.

Mucho se está hablando sobre las medidas adoptadas por la Audiencia de Palma en el Caso Nóos. Hay una, en especial, que se está pasando por alto y que tiene su trasfondo. En el auto en el que se le deja en libertad a Urdangarín y su socio, Torres, se motiva “un arraigo especial” del primero, para tomar tal decisión. Los especialistas que han analizado este fundamento se preguntan a qué se refieren las juezas con lo del “arraigo especial”.

Urdangarín no trabaja. Vive en Suiza y sí que puede sustraerse a la acción de la justicia por mucho que se diga que no. De hecho, una frase dicha por su mujer, – “que ganas tengo de que todo esto acabe para no volver más a este país”-, revela lo que en los círculos más cercanos al matrimonio se dice. Que no tienen ni pizca de ganas de restablecer su residencia aquí. Además, Urdangarín no tiene un trabajo remunerado que se sepa. Y siempre cabe la posibilidad de adoptar una actitud victimista para convertirse en “exiliado”. Existen muchos ejemplos, en tal sentido, practicados por las casas reales de las viejas monarquías europeas.

Y luego están las comparaciones. Conde, Correa, Díaz Ferrán, Matas y otros, o bien están en la cárcel o bien en libertad bajo fianza y con la retirada del pasaporte. De hecho, estos días se ha suscitado una fuerte controversia sobre el uso de la figura penal de la libertad provisional.

En diciembre del año pasado había 59.589 reclusos en España, según datos del Ministerio de Interior. De ellos, 7.996 son preventivos, con condena y recurso, o pendientes de juicio. Algo más del 13%. Aunque las sucesivas reformas del Código Penal han suavizado la aplicación de esta medida cautelar, lo cierto es que en los ámbitos jurídicos se considera excesiva. Los jueces se inclinan por curarse en salud y enviar a la cárcel a un posible delincuente utilizando los argumentos contemplados en la norma: el peligro de fuga, la pena solicitada y la alarma social que se haya generado. Las fuentes jurídicas consultadas advierten de la utilización abusiva del argumento de peligro de fuga. La mayoría de los llamados “preventivos” lo están por tal razonamiento. Su interpretación, en el caso de Urdangarín han sido más benévola que en otros.

Tampoco han gustado mucho las condenas por las tarjetas black. Salvo para los que el tribunal considera máximos responsables de “la trama”, los ex presidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa, y Rodrigo Rato, las penas para el resto se han suavizado, en muchos casos, respecto a la petición del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Y hablando de Luzón. Este puede ser este su último caso. Si José Manuel Maza no cambia de idea, su nuevo destino será en el gabinete técnico de la Fiscalía General del Estado.

 

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