Ensañamiento o crueldad son dos conceptos que son absolutamente antitéticos a la Justicia, y eso es lo que está ocurriendo en España con el tercer poder. Una democracia moderna no puede sostenerse sobre tres pilares —cuatro, si contamos los medios de comunicación— si uno de ellos está funcionando con parámetros decimonónicos, del Fuero Juzgo o del Liber Iudiciorum. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han tenido distintas transiciones, pero, sobre todo, la de la década de los 70 del siglo pasado tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Sin embargo, el Poder Judicial no tuvo una transición democrática como la de otros poderes. Además de la propia conciencia conservadora que suelen tener los órganos judiciales, hay que sumar un hecho que no está siendo muy tratado en los análisis que se hacen sobre la situación de nuestra Justicia en referencia a la necesidad de una «revolución» inmediata de la misma: la influencia que han tenido sobre ella los poderes económicos, empresariales y financieros puesto que, mientras que las transformaciones políticas que se produjeron tras la muerte de Franco no les afectaban sino, más bien, podrían sacarle un importante provecho, en referencia a la Justicia una transición hacia una democracia plena en su funcionamiento podría atentar contra el control que presuntamente tienen a la hora de que los tribunales españoles dictaminen sentencias que afecten a los grandes tótem de estos sectores que, poco a poco, están dominando el mundo. Por eso la ciudadanía sospecha constantemente del doblegamiento de los poderes judiciales a los poderes financieros, empresariales y económicos, aunque esto también ocurra en ocasiones con el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, en el cuarto poder. Las posibles injusticias de la Justicia son una consecuencia más de la presunta complicidad de algunos miembros del poder judicial con el capital y hacen, más que nunca, necesaria esa «revolución» pendiente de la Justicia.

Encontramos muchos ejemplos pero, quizá, los más sangrantes los tenemos con la familia Botín que se ha librado de la mano libre de la Justicia en multitud de ocasiones e, incluso, se llegó a crear la Doctrina Botín retorciendo hasta límites insospechados la propia ley para salvar de una justicia justa al difunto Emilio Botín o, por ejemplo, el archivo por parte del juez Fernando Andreu de la causa por un delito de evasión fiscal tras descubrirse más que presuntamente que la familia Botín tenía ocultos en Suiza desde el año 1.936 más de 2.000 millones de euros.

La consecuencia de que el Tercer Poder del Estado tenga, no una transición, sino una revolución pendiente lo estamos viendo en las sentencias que van en contra de la seguridad, la libertad y los derechos de las mujeres, las decisiones adoptadas con los políticos del Procés catalán o en ciertas causas en las que millones de ciudadanos ven una pasividad extrema cuando hay de por medio uno de los principales representantes del poder financiero español. ¿Qué está pasando en España con los que tienen la obligación de impartir justicia? Los casos de Juana Rivas, con una sentencia en la que presuntamente el juez destila ensañamiento e, incluso, odio hacia las mujeres, y que podría estar incumpliendo convenios internacionales, la propia Ley de Violencia de Género, además de poner bajo sospecha a Rivas al acusar a esta madre valiente de utilizar su condición de mujer maltratada para lograr beneficios procesales; la sentencia vergonzosa a La Manada y la posterior puesta en libertad presuntamente da vía libre a los abusadores y violadores grupales de este país para atacar la libertad sexual de las mujeres españolas; la obcecación en el delito de rebelión por parte del juez Llarena y el mantener a los presos políticos catalanes en prisión preventiva, sin juicio, y enfrentándose con la Justicia de distintos países europeos. Incluso, la nueva Fiscal General del Estado está supuestamente por el momento decepcionando a quienes creen en el Tercer Poder de la democracia como un elemento de defensa del ciudadano ante el poder o la delincuencia, sea del tipo que sea. Infractores, maltratadores y corruptos venezolanos, que están perseguidos por las autoridades de otros países, campan a sus anchas por España con el apoyo de importantes despachos de abogados y profesionales de la comunicación que se han puesto al servicio de la dictadura privada más feroz del mundo sin que los órganos judiciales o de la Fiscalía se esfuercen o prioricen su labor para evitarlo. No obstante, NO pasarán por encima del pueblo español ni lo utilizarán como hicieron con el venezolano, como no lo hará el maltratador, según sentencia, italiano sobre una madre digna, valiente y fuerte como Juana Rivas.

No pasarán porque el pueblo ya está harto de tanta injusticia presuntamente emanada de la Justicia, algo que sólo ocurre en las dictaduras públicas más inhumanas del mundo.

Hay muchos más casos donde se puede comprobar que la Transición apenas rozó, salvo excepciones, a la judicatura. Por eso es fundamental que, de una vez por todas, si queremos tener una democracia plena y sin disfunciones, se acometa la revolución y la evolución, que no una simple o básica reforma, de la Justicia para no convertir a España en un país cercano a un Estado fallido, algo que, desgraciadamente, estamos viviendo para verlo y sufrirlo. ¿Viviremos para evitarlo desde la democracia, la libertad, la dignidad, la ética y la independencia?

¿Cómo es posible, insisto, que el Poder Judicial presuntamente permita que un juez con sus antecedentes en anteriores sentencias que incluían manifestaciones públicas de evidente pensamiento machista sea el encargado de juzgar a una mujer que luchó por defender a sus hijos de un maltratador condenado? Esto, cuanto menos, podría ser una provocación, cuando no un modo posible de humillar a las mujeres. Exactamente lo mismo que en el Caso de La Manada con el juez Ricardo González, cuyo voto particular aparentemente más parecía un guion de una película pornográfica.

De igual manera, ¿cómo es posible que en el Caso Banco Popular esté al frente de la instrucción un juez que tiene amistades reconocidas con titulares de despachos de abogados y personas muy cercanas o significadas con el Banco Santander?

Estas preguntas las responde la propia Administración de Justicia con sus hechos. Mientras hay un exceso de celo y de velocidad de actuación en algunos casos como, por ejemplo, todo lo relacionado con el Procés, vemos cómo hay una pasividad infinita en las instrucciones que afectan a los poderes económicos y financieros de este país. Eso no es justicia, sino todo lo contrario. El pueblo español no merece una Justicia así. Los españoles lucharon y dieron en multitud de casos su vida para tener una democracia digna, justa y completa como para que uno de sus poderes esté llevando a España a convertirse en un país cercano a un Estado fallido.

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