El día 15 de mayo en San José, Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que de conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la Corte, da efectos a la renuncia formal del juez Roberto F. Caldas; la comunicación expresó los motivos de la renuncia en los siguientes términos:

“Tal como es de conocimiento público, Roberto F. Caldas fue denunciado por supuestos actos de violencia intrafamiliar en instancias judiciales brasileñas. En cuanto a estas acusaciones, el Presidente de la Corte Interamericana resaltó la importancia de que se investiguen los hechos de manera diligente, pronta y oportuna en el marco de un debido proceso. Sin perjuicio de lo anterior, condena todo tipo de violencia contra la mujer.”[1]

A raíz de esta noticia, algunos medios de comunicación iniciaron un juicio mediático; hubo quienes aparentemente tuvieron acceso al expediente y al material probatorio, pudiendo emitir así una sentencia condenatoria: “Presidente de CIDH agrede exesposa y acosa a 2 niñeras”; probablemente perdieron de vista el detalle de que el actual presidente ya no es Roberto Caldas, sino Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Otros medios trasladaron este hecho privado al ámbito de la legitimidad de la Corte Interamericana, como organismo regional de protección de derechos humanos, con encabezados como “Escándalo en la Corte Interamericana”. Algunos optaron por fijar postura e indignarse, porque en el comunicado se le agradecía por las labores desempeñadas durante su mandato.

Sin embargo considero que este delicado asunto, debe abordarse de manera mucho más profunda; en los últimos días he leído y escuchado posturas despectivas hacia personas sin preparación o formación, que se inconforman e indignan ante hechos injustos o violentos, y desarrollan argumentos que descalifican cualidades personales de quienes opinan en medio de un circo, en el que lamentablemente las palabras hirientes proliferan.

En el caso en cuestión, quiero decir que cualquier persona con preparación jurídica, o sin ella, tiene derecho a opinar y a entristecerse, indignarse, o inconformarse, por el simple hecho de que un juez de la Corte Interamericana se encuentre acusado de ejercer violencia contra las mujeres, después de todo, el artículo 4º del Estatuto de la Corte señala que ésta, se integrará con juristas “de la más alta autoridad moral”. No obstante, me parece que el derecho a expresar cualquier opinión, debe circunscribirse a un marco mínimo de respeto en el que podamos leer, escuchar y contrastar ideas diversas, con miras a un diálogo constructivo, que no tenga por objeto engañar o emitir juicios infundados y apresurados.

La escritora feminista Concepción Arenal, pensaba que la clave estaba en odiar el delito y no al delincuente. En este sentido, me parece que la decisión más coherente y sensata es esperar a conocer con mayor detalle el contexto, pruebas, avances y resolución del caso, para emitir un punto de vista crítico. Mientras eso sucede, lo que sí podemos hacer desde ahora, es centrarnos en el delito, y decir que la violencia contra las mujeres en todas sus formas (verbal, física, psicológica, económica, etc.) es rotundamente condenable, y que la lucha por erradicar estereotipos y prejuicios materializados en acciones, decisiones y opiniones, es una necesidad elemental en toda sociedad que aspire a alcanzar un verdadero desarrollo.

Las repercusiones que tienen actualmente los delitos de violencia de género, nos dejan percibir que los contextos en los que ocurren no distinguen profesión, educación, estatus económico o condición social, y este hecho es el que merece mayor reflexión y análisis. La violencia contra las mujeres, debe investigarse, sancionarse y erradicarse; pero sobre todo, debe prevenirse; mientras los juicios jurídicos y mediáticos, no se enfoquen en abordar esta imperiosa tarea, las víctimas seguirán multiplicándose, y los perpetradores seguirán reproduciendo esta pandemia. Hoy lastimosamente, las mujeres víctimas de violencia, siguen siendo el blanco de quienes continúan sin entender, que nosotras también merecemos ser tratadas con dignidad.

[1] Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos. CorteIDH_CP-16/18 Español. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_16_18.pdf [el resaltado ha sido añadido].

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Catedrática en el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial Federal, extensión Aguascalientes; doctoranda en la Universidad Internacional de la Rioja; Maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España, Maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes; Título de Experta en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia; Especialidad en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales por el Phoenix Institute en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, España; Diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Universitario Henry Dunant en Ginebra, Suiza, Diplomado en Derecho Familiar por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Asociada de la “AMJE” (Asociación de Mujeres Juezas de España), Miembro del Consorcio Internacional para Estudios de Derecho y Religión, La Asociación de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, La Barra Mexicana de Abogados, entre otras. Fue administradora nacional en México de la ILSA (Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho, por sus siglas en inglés), y también realizó una visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido conferencista en seminarios en México, Brasil, Uruguay, España, Reino Unido y República Dominicana.

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