La crisis económica global y la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 provocaron una destrucción de empleo histórica en España. Exactamente, según datos de la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados se redujo en 1,9 millones durante la última legislatura de Zapatero, 2,6 millones si tomamos como referencia el dato del 4º Trimestre de 2007. Mariano Rajoy alcanzó el poder afirmando en la campaña electoral de noviembre de 2011 que votar al Partido Popular era garantía de encontrar empleo. Su cartelería electoral dejaba mensajes tan claros como «Somos el Partido del Empleo» o «¿Buscas empleo? Vota PP».

Sin embargo, una vez alcanzado el poder, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso a través de Decretos-Ley y aplicando el rodillo parlamentario medidas que, precisamente, iban en contra de la creación de empleo porque aplicaban estrategias que ofrecían a las empresas las herramientas perfectas para destruir puestos de trabajo de calidad para sustituirlos por precarios y con un menor peso salarial.

Veamos cómo han influido las políticas de empleo del Gobierno de Mariano Rajoy en el mercado de trabajo. En la EPA del 4º Trimestre de 2016 la población activa de nuestro país se encontraba en los mismos niveles de 2007 y desde que gobierna el PP es menor en 0,7 millones de personas.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Respecto al número de ocupados España está en los niveles del año 2010. Desde que gobierna Rajoy España ha logrado recuperar 0,35 millones de ocupados pero con la diferencia del tipo de empleo que se está creando ahora es mucho más precario y la masa salarial es mucho menor. Así ha evolucionado el número de ocupados según los datos de la EPA:

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Los datos anteriores son a nivel general. El empleo público también ha sufrido las consecuencias de las medidas adoptadas por Mariano Rajoy. En lo referido a los puestos de trabajo de las Administraciones Públicas los niveles están por debajo de los del año 2008. Desde que gobierna el PP el sector público ha perdido más de 280.000 empleos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Las medidas de contención del déficit han afectado claramente tanto a la cantidad de empleo público como a la calidad del mismo, hecho éste que ha provocado que incluso la Unión Europea haya reaccionado con advertencias a nuestro país sobre el elevado número de trabajadores públicos con contratos temporales para cubrir plazas que deberían ser fijas o con sentencias como la del TJUE respecto a los derechos de los trabajadores interinos.

El objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea ha provocado que tanto el PP como otros partidos de corte conservador/liberal como Ciudadanos o UPyD hayan incidido en multitud de ocasiones en que el cumplimiento de dichos objetivos, por mucho que sean imposible de cumplir si no se acompaña con una estrategia de desarrollo económico basado en la creación de empleo de calidad y de salarios dignos, es obligatorio. Esta actitud de «fanatismo del déficit público» ha provocado desde que gobierna el Partido Popular una depauperación de las condiciones laborales de los trabajadores de las Administraciones Públicas: aumento de jornada laboral, reducción de poder adquisitivo a través de la retirada de pagas extraordinarias o de congelaciones salariales, incremento de la precariedad con no reposición de puestos de trabajo fijos por interinos o temporales. Estos aspectos también inciden en la calidad de los servicios que se da a los ciudadanos tal y como podemos comprobar con la situación de la educación o la sanidad.

Por otro lado, tenemos la situación macroeconómica de España. Nuestra economía está creciendo de manera sostenida en un entorno no inferior al 3% de Producto Interior Bruto. Sin embargo, esta recuperación no se está trasladando a las condiciones de los trabajadores del sector público, tal y como la lógica indicaría. Si crece la economía, deben mejorarse las condiciones de los trabajadores de la función pública y devolverles lo que se les hurtó a causa de las medidas anticrisis y de la austeridad patológica.

En estos días, tanto los sindicatos como el Gobierno han hecho públicas sus propuestas. Por un lado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho una propuesta de aumentar la oferta de empleo público para este año 2017 con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en sectores como la Educación, la Justicia y la Sanidad y de un 50% en el resto de ámbitos. Además, Hacienda plantea un proceso de reducción de la temporalidad al 8% en un plazo no inferior a los 3 años sólo en los ámbitos anteriormente citados, sin mencionar al resto.

Esta propuesta gubernamental ha sido calificada por todos los sindicatos como insuficiente. Tal y como informamos en Diario16, CCOO y UGT presentaron sus propuestas el día 22 de febrero a través de una carta dirigida directamente al ministro Cristóbal Montoro. Los dos sindicatos principales pidieron la eliminación de la tasa de reposición que permitiera «el incremento progresivo de las plantillas para cubrir las necesidades que tienen las Administraciones Públicas», un incremento estimado en 356.000 plazas que regularizaría la situación de las plazas temporales e interinas y que, por tanto, «no exigirían un incremento del coste salarial». También exigían que se aplicara una subida de los salarios que recuperara la pérdida del poder adquisitivo perdido durante los años de aplicación de las políticas de austeridad.

Por su parte, el sindicato CSIF coincide con CCOO y UGT en la eliminación de la tasa de reposición y pone en duda las intenciones del Gobierno teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado aún no han obtenido los suficientes apoyos parlamentarios. Según confirmó Francisco Javier Camarillo en declaraciones a Diario16, «las reivindicaciones de CSIF están orientadas a dos líneas de actuación: por un lado los niveles de interinidad y temporalidad que el gobierno se ha comprometido a rebajar al 8% en tres años en Sanidad, Educación y Justicia, sin hacer mención al resto de sectores de la función pública. La tasa de reposición se mantiene en los mismos niveles del año 2016 y que la nueva convocatoria de plazas es un proceso extraordinario, por lo que hay que eliminar la tasa de reposición. Los sectores que no tienen interinidad tienen escasos recursos de empleo público porque con la tasa de reposición no se cubrían las plazas».

Uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado del Bienestar es el trabajo de los empleados públicos. Ellos han sido quienes han sufrido directamente las políticas de austeridad provocadas por el fanatismo del déficit. Ahora que la economía se está recuperando a un ritmo del 3% anual reclaman que se les devuelva aquello que la crisis les hurtó. Sin embargo, las propuestas del Ministerio de Hacienda dan a entender que esa recuperación se notará en las Administraciones Públicas al ritmo del efecto pluma.

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