La crisis aguda sobrevenida con motivo de la quiebra económica ha conllevado el aprovechamiento de su oportunidad para la bunkerización del sistema mediante una relectura a la baja de la Transición con el aniquilamiento del mundo del trabajo, la precarización del empleo, la depauperación de las clases populares, empobrecimiento de las mayorías sociales, la criminalización del malestar ciudadano, el inmoral trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital, la recentralización de los ámbitos autonómicos, y que son parte de un diseño total de amplia constricción democrática. Ello suscitó un discernimiento de resistencia en amplios segmentos sociales que frustró el bipartidismo de alternancia y, en gran manera, la intención del régimen de parapetarse en una segunda restauración bajo la hegemonía del Partido Popular y la demanda de un nuevo consenso que reafirmara la influencia y el control político de las élites a costa de que los partidos dinásticos se unieran sin condiciones al relato simple y unicelular de la derecha y las minorías influyentes. El resultado de las primarias en el Partido Socialista reafirmó en un primer momento la resistencia a este diseño y ahora plenamente retomado en toda su extensión con motivo de la crisis catalana y la consolidación del bloque constitucional.
Todo ello con motivo y justificación de una ragion di stato que ha llevado a que el discurso dominante sea el del tardofranquismo rescatado por un Partido Popular interesado en un ámbito político restrictivo de lo posible y de lo opinable. Esa razón de Estado no era válida para la derecha en la oposición. “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, espetó Montoro. Y levantarla era una amnistía fiscal condenada por el TC, una intervención en Bankia que triplicó sus costes gracias a la incompetencia gubernamental, subidas de impuestos generalizadas a los grupos más gravados y castigados por la crisis, cinco años de incumplimiento de sus objetivos de déficit a pesar de haber forzado el despido de miles de trabajadores públicos y haber devuelto nuestra inversión en servicios públicos a valores del siglo pasado… Echar gente, reducir servicios y transferir costes a los administrados, esa era la forma de levantar a la nación por parte de un partido imputado por financiación ilegal, definido como organización criminal, que tiene ex dirigentes detenidos, cazados o dimitidos por defraudar, malversar, mentir y engañar. Son un peligro público, una amenaza social. Y, sin embargo, para la oposición defender al Estado es situarse en la línea ideológica del partido conservador.
Esta hegemonía de la derecha es lo que impide un gobierno que trascienda a la mera acepción de progresista y sea capaz de construir procesos de transformación social, que identifique un ubi consistam común entre mandantes y mandatarios, una ubicación compartida para definir los límites y contenidos del poder. Cosa imposible en este momento y siempre que el primer partido de la oposición piense que la defensa del Estado y la Constitución consiste en dar credibilidad a las políticas retardatarias de la derecha. Lo mejor que se puede hacer por el Estado hoy desde la izquierda es transformarlo desde parámetros democráticos y no en términos restrictivos como viene haciendo la derecha.
