La admisión a trámite de la querella presentada por la familia Mejías por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ante un presunto delito de coacciones por parte del fondo buitre FIDERE, de la que informó ayer Diario16, puede dar al traste con el resto de desahucios llevados a cabo por este fondo inmobiliario. El delito por coacciones está contemplado en el Código Penal español en el artículo 172 y a él apeló el abogado Benítez de Lugo.

Un ejemplo de delito por coacciones sería el siguiente: “Se considera igualmente que los hechos son constitutivos de un delito de coacciones del art. 172 del Código Penal la actuación del acusado que de forma constante está coaccionando a los inquilinos para que hagan frente al pago de una renta que no les corresponde”, según Mundo Jurídico.

Es decir: los inquilinos ya tenían una renta establecida antes de que sus viviendas fueran vendidas al fondo buitre por Ana Botella. Si este fondo inmobiliario pretende subir sus mensualidades a los inquilinos, esa renta no les corresponde. El fruto de negarse a pagar las nuevas rentas aumentadas supone, en algún caso, una orden de desahucio. Con la admisión de la querella se entiende que FIDERE sería culpable de coaccionar a los inquilinos. Precisamente esa fue la intención de Mariano Benítez de Lugo: “demostrar ante la justicia que hay irregularidades en la no renovación de los contratos”. El abogado estudia ahora la posibilidad de efectuar la misma estrategia con el resto de inquilinos a quienes FIDERE aumentó el importe de su alquiler.

En el caso de la familia Mejías, no se trata del aumento de la renta. A ellos FIDERE no les dio ninguna explicación, salvo la orden de abandonar la vivienda. Ahora es la justicia ordinaria la que abre una parte para los afectados admitiendo la querella de Mejías, que recuerda que estaban “al corriente de pago” y que no habían tenido problema de convivencia algunos, únicas razones justificadas para no prorrogar el contrato de la vivienda protegida de Carabanchel en la que viven. Arantxa Mejías tiene claro que los motivos de su situación hay que buscarlos en que “soy la presidenta de la asociación de los inquilinos que estamos luchando contra este atropello”.

El Tribunal de Cuentas ya puso en cuestión, a principios de noviembre, la operación de venta de 1.860 viviendas protegidas a la filial de Blackstone, reconociendo que “puede existir un beneficio injustificado en los compradores”.

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