Ya se ha dado el primer paso. El Parlament de Catalunya ya puede debatir la primera de las tres leyes que los independentistas catalanes pondrán en marcha para “desconectarse” de España. Y cuenta con el apoyo suficiente para salir adelante. La han presentado Junts Pel Sí y la CUP, crea la Agencia Catalana de Protección Social y supone la ruptura de la Caja Única de pensiones.
Las iniciativa es lo suficientemente grave como para que el Gobierno de Madrid haya puesto en marcha una serie de mecanismos tendentes a proteger todos los datos de 1,67 millones de pensiones públicas que se pagan en Catalunya. Se teme que, de manera unilateral, la Generalitat, cuando llegue el momento de proceder a lo que llaman “desconexión”, se encargue de gestionarlas directamente, lo que supondría romper la caja única del sistema con todos los peligros que ello supone. Entre otros, la ruptura del equilibrio financiero.
En España, la financiación de las pensiones se basa en lo que se llama “sistema de reparto”. Mediante el mismo, los trabajadores en activo deben contribuir a sostener las prestaciones de los mayores.
Los ideólogos independentistas catalanes sostienen que las actuales aportaciones al sistema de su población trabajadora y de las empresas no sólo son “suficientes” para pagar las pensiones actuales “sino que incluso se va a producir una mejora. Vamos a pagar más que si seguimos en España”, señalan.
Pero la gran mayoría de los expertos dicen que la cosa no va a ser tan fácil. De hecho, las aportaciones de los trabajadores que prestan sus servicios en Catalunya sólo sirven para pagar el 67% de las pensiones. La financiación catalana es claramente deficitaria.
Lo que pasa es que a las cuotas de los trabajadores se puede sumar las empresariales. Y en Catalunya radican un buen número de empresas cuya aportación social es fundamental para el equilibrio financiero de todo el país. El problema consiste en que muchas de estas empresas amenazan con trasladar su domicilio fiscal si el ‘Principat’ se independiza.
En cuanto a España, la ruptura de la caja única puede ser un problema añadido a los que se van a generar en esta legislatura como consecuencia del saqueo de Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La hucha de las pensiones, que llegó a tener más de 70.000 millones, corre el riesgo que quedarse a cero. En Analistas Financieros, AFI, advierten que con la política que pretende aplicar el Partido Popular y Ciudadanos de “sufragar las prestaciones” mediante la generación de puestos de trabajo es “inviable”. Bajos salarios y tarifas planas impiden sufragar el sistema tal y como se venía haciendo hasta que comenzó la crisis. El ritmo de afiliaciones a la Seguridad Social, aunque sigue creciendo, ya no lo hace al mismo ritmo que en estas mismas fechas del año anterior, lo cual es mal síntoma.
Y la financiación a través de impuestos suscita cierta controversia en un momento en el estamos en los inicios de una nueva campaña electoral.
