Borrell señaló con un índice admonitorio al soberanista catalán mientras articulaba un gutural sonido acusador. “¡Me ha escupido!” A partir de ahí la vida pública española pivotó sobre el presunto escupitajo parlamentario. España padece graves problemas que conciernen no ya a los elementos sustantivos de la cualidad democrática del Estado, sino a los elementos identitarios y metafísicos del mismo Estado como encarnación política del pueblo español. Y sin embargo, la vida pública transita por una medianía y frivolidad que malpara y neutraliza a la política como instrumento de regeneración de un régimen político sometido a una decadencia cada vez más aguda. Como afirmaba Ortega frente a la auténtica ejemplaridad hay una ejemplaridad ficticia e inane, que consiste en el propósito de que sin destacar en nada se pretenda ser ejemplar por la mera ficción de aparentar una realidad que sólo se realiza mediante algún contenido.

Una de las características del régimen franquista, visto desde su propia perspectiva, es que se apoyaba en una difusa satisfacción del grueso de la sociedad amorfa, despolitizada. Sólo se enfrentaba a la insatisfacción de intelectuales, estudiantes, profesores, artistas que podían racionalizar y expresar mejor su protesta. Es por ello, que la crisis del régimen de la Transición, ese intento de reconversión del franquismo sin Franco en algo con apariencia decente, de ejemplaridad, se procure salvar a sí mismo anatematizando el pensamiento crítico y convirtiendo en delito la manifestación del malestar ciudadano –ley mordaza- con un desplazamiento de la derecha hacía posiciones cada vez más autoritarias y poco compadecidas con la calidad democrática. Las contradicciones del régimen del 78 se han hecho visibles y cuanta más ocultación, de los verdaderos intereses y ubicación del poder fáctico, se mantenga, nos acercaremos a ese rumbo totalizante que resulta una auténtica pesadilla para una democracia, ya que cierto grado de ocultación siempre conlleva la peligrosa expansión del espacio represivo.

Es cierto que la democracia liberal vive mal la transmutación del capitalismo industrial al financiero y al digital; que una globalización acelerada y desprendida de cualquier compromiso social ha generado una contracción y el estado-nación que parecía desahuciado revive ruidosamente; y que las fracturas de la crisis han abierto unas brechas de desigualdad que generan enorme malestar y profunda desconfianza en la política. Sin embargo, esta nueva configuración arquetípica de la hegemonía cultural del capitalismo, en el caso del régimen de la Transición, ha inoculado sus contradicciones y desequilibrios propios de un exceso de dominación en un ente sin anticuerpos democráticos suficientes para no agudizar en su propia esencia constitutiva los elementos retardatarios y represivos.                                                                                                                                                                                                                                     Cayó el bipartidismo sin que haya habido ningún pensamiento crítico que lo liberase de ser un mero constructo. Han sido necesarios dos estallidos: el de la crisis de 2008 y el del proceso catalán para que las grietas afloraran y el deterioro institucional se hiciera manifiesto. Ni siquiera se entendió algo elemental: que si la cuestión catalana no se encauzaba políticamente acabaría afectando al régimen entero. La actitud beligerante del monarca, en el caso catalán, criminalizando cualquier tipo de diálogo; el caos y el desconcierto de una justicia con excesiva dependencia del poder fáctico; el retroceso de las libertades y derechos cívicos y, singularmente, la falta de voluntad de los actores políticos en la regeneración democrática del sistema, hacen de la vida pública un ejercicio irresponsable de frivolidad, sin reparar que hay momentos históricos en los procesos decadentes en que todo llega demasiado tarde.

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