La alta comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, María Luisa Carcedo, que ha propuesto al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se incluyan “módulos específicos sobre la situación de la infancia” en sus encuestas, especialmente en la de Condiciones de Vida.

Carcedo dice que es “un error focalizar la pobreza infantil en dar una ayuda asistencial a los niños pobres en forma de subvenciones o ayudas de sustento”. Para el Gobierno “el problema es la estructura económica” empezando por el plano laboral.

La caída del valor del trabajo tuvo mucho que ver, con la elevada tasa de pobreza infantil que tiene España, entorno al 31,3%, con más de dos millones y medio de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última Encuesta de Condiciones de Vida.

“Uno de cada cinco niños no sólo está en un hogar vulnerable, sino que esta vulnerabilidad tiene un carácter duradero”, explicó la alta comisionada; y es que “la pobreza tiene cara de niño y de niña”, añadió.

Asimismo, Carcedo llamó la atención sobre los hogares de familias monomarentales y monoparentales o de las familias numerosas, donde los niveles de pobreza se acrecientan. “Este Gobierno ha entendido que, sólo empezando por garantizar los derechos a los más débiles, conseguiremos una sociedad más justa”, sostuvo.

“No podemos centrarnos exclusivamente en atender a los niños que están en esta situación y quedarnos tan tranquilos, porque se siguen reproduciendo”, reveló. “El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil no se limita a mirar”, advirtió Carcedo.

“Intentaremos que sea la legislatura de la infancia” porque, a su juicio, la defensa de los menores “se asienta sobre bases sólidas la competitividad de nuestra economía”, al tiempo que llamó a combatir el fracaso escolar o la obesidad entre los niños.

Desde Podemos, la diputada Marimar García Puig reprendió al anterior Gobierno del PP porque “la inversión en infancia no ha estado a la altura de la situación”, al tiempo que alertó de que “no sólo hay muchos niños pobres, sino que cada vez son más pobres”.

Silvia Heredia del Partido Popular defendió la gestión del PP sobre la pobreza infantil y puso de relieve que la tasa ha bajado 1,6 puntos respecto a 2017.

Desde Ciudadanos, Virginia Millán recordó que “375.000 menores españoles se encuentran en situación de carencia severa”, y reclamó ventajas en el IRPF para rentas inferiores a 18.000 euros.

Marta Sorlí, de Compromís, pidió un compromiso del Gobierno para apoyar medidas en comunidades autónomas donde no haya rentas mínimas de inclusión como dijo, sí existen en la Comunidad Valenciana.

El anterior Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se formalizaban los criterios de distribución y la distribución resultante de un crédito adicional de 5,2 millones de euros por el que se duplican los fondos destinados a la partida de ‘Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales’.

Con estos fondos se garantiza el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral. Medida acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y recogida en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de junio de 2018.

Un tercio de los menores de 16 años en España (28,1%) vive en riesgo de pobreza. En total, 2,1 millones de niños. De ellos, 375.000 viven en situación de pobreza extrema, con dificultades para acceder a alimentación, calefacción o luz. Estos menores sobreviven en situación de carencia severa, es decir, sin tener garantizada su alimentación o cosas tan básicas como luz o calefacción o, simplemente, poder ir a un campamento en verano.

Organizaciones como Save the Children cifran en 4.000 millones el coste de la erradicación de la pobreza infantil, que se articularían mediante medidas estructurales. La mejora de la prestación por hijo a cargo o una certificación de familias monoparentales; más gasto público en familia e infancia, hasta alcanzar la media europea de 2,4%, son algunas de las medidas que ya le han propuesto a Carcedo.

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