Benigno Valdés y Fernando Torremocha, consejeros de la CNMV lo tienen claro. Cada comisión o pleno del organismo regulador en los cuales esté presente el director de Promoción, Antonio Maudes, se ausentarán. Su ausencia y la de otros miembros supone la paralización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un momento en el que encima de la mesa hay varias denuncias que deben resolverse con celeridad.

La subida del precio de los carburantes, provocada por los incrementos paulatinos del barril de petróleo, ha vuelto a poner encima de la mesa la sospecha de la existencia de cárteles entre las compañías españolas. Demasiado rápido se están produciendo las subidas en las estaciones de servicio cuando se sabe que las cotizaciones de estos últimos días son “a futuros”. Es decir, de entregas para febrero.

Pero la CNMC no puede hacer nada porque sus comisiones están paralizadas. Tres reuniones de la Sala de Competencia han tenido que suspenderse en los últimos meses debido a que dos de sus miembros se han declarado en rebeldía. Se trata de Benigno Valdés, economista y profesor de la Universidad de Comillas y Fernando Torremocha, abogado. Ambos se vienen ausentando de las reuniones cuando está presente el director de Promoción del que piden su cese.

Todo comenzó cuando Maudes no les entregó, ni a ellos ni a un grupo de consejeros denominados “críticos” un informe sobre la economía colaborativa que afecta a las empresas Uber y Airbnb. Seis de los consejeros exigieron, entonces, que la continuidad de este directivo se sometiera a votación en el Pleno, algo que el presidente de la Comisión, José María Marín Quemada, rechazó, al alegar que la competencia de nombrar y destituir a los directores de la CNMC es suya.

A partir de ese momento, los seis consejeros se han dedicado a boicotear, de todas las maneras posibles, la labor de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia exigiendo la dimisión de su presidente por considerarlo “personalista y autoritario”. Por su parte, Marín Quemada ha advertido a los consejeros, en especial a Valdés y Torremocha, que están actuando de manera ilegal. “El Consejo actúa en pleno o en sala. La asistencia de los miembros del Consejo a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados”, detalla la Ley 3/2013 en su artículo 16.1.

Poco más puede hacer el Presidente. No tiene medios para adoptar medidas contra los consejeros “díscolos”. Estos exigen su dimisión. Marín rechaza tal posibilidad y veladamente pide al Congreso de los Diputados su sustitución por “consejeros capaces y del máximo nivel”.

Así las cosas, los grupos parlamentarios no consideran prioritaria la resolución de esta parálisis. Los presupuestos y otras medidas de urgencia aplazan la reforma del organismo regulador que es, en realidad, lo que se pretende. La experiencia, hasta ahora, del todavía joven organismo, no ha sido positiva. Y en eso coinciden tanto el PP como la oposición.

 

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