2017 comienza de forma más que preocupante. El índice de precios al consumo se ha incrementado en un 3% sólo durante los primeros 30 días del año. Sin embargo, la previsión del gobierno para el IPC anual de todo 2017 se sitúa en el 1,4%; y en sentido contrario, algunos expertos vaticinan, tras conocerse los datos de enero, que dicho diferencial no será inferior al 2,7% en el cómputo anual.
Es decir, que parece que serán necesarias toneladas de maquillaje para que la cosa no se desmadre a final de año.
¿Cómo afecta todo esto a nuestros salarios?
En primer lugar, los pensionistas ya saben que perderán poder adquisitivo, ya que su subida para este año es apenas del 0,25%. Desligar las pensiones de la inflación tiene esta clase de consecuencias. Llama poderosamente la atención la brecha generacional a la que hemos asistido durante los últimos procesos electorales; si bien las personas mayores han optado por posiciones más conservadoras, es evidente que la continuidad de sus pensiones depende de la calidad en el empleo de los más jóvenes, cada vez más depauperados. Son los jóvenes, además, quienes han optado por opciones políticas más a la izquierda. De hecho, el tema de las pensiones se perfila como el gran reto de esta legislatura: las posiciones de la “nueva derecha” coinciden con las estrategias del partido del gobierno. El PSOE sigue perdido, mientras tanto, en su enésima “pasiva refleja”. La gran coalición que necesitamos, cada vez de forma más acuciante, es la de los jóvenes y los mayores, y no la de los partidos que han implantado este enorme desbarajuste.
Los funcionarios, por otra parte, permanecerán con el salario congelado, y sólo se prevé una posible subida del 1% si así se establece en los presupuestos.
Respecto a los convenios colectivos de la empresa privada los datos no son mucho mejores. Existen multitud de convenios firmados por patronales y CCOO-UGT en que la subida salarial tampoco está ligada al IPC, muchos de los cuales ni siquiera han alcanzado los criterios del III AENC (Acuerdo Negociación Colectiva) 2015-2017, un acuerdo marco que en modo alguno supone un verdadero contrapeso a la Reforma Laboral, dicho sea de paso. A su vez, existen muchos otros convenios que permanecen en el limbo de la ultraactividad, sin ningún tipo de revisión salarial y en caída libre.
Las últimas dos reformas laborales han llevado la precariedad hasta límites estructurales. La temporalidad impide planes a medio plazo para millones de personas que entran y salen de empleos inestables y mal pagados. Jornadas parciales y contratos temporales son la norma. Se habla por tanto cada vez más a menudo de la figura del “trabajador pobre”. Un estudio de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña sitúa el umbral de la pobreza para un trabajador en la cifra de 856€ netos al mes. Para ello toman como referencia la Carta Social Europea –que establece que ese umbral debe situarse en el 60% de los ingresos disponibles en un estado miembro– y realizan el cálculo tomando los últimos datos sobre ingresos de Eurostat. Hay mucha gente que no llega a cobrar dicha cantidad, repito, incluso en trabajos de jornada completa: muchas más personas que los tres millones de “trabajadores pobres” que arrojan algunas estadísticas.
El horizonte del pleno empleo parece cada vez menos plausible. La automatización de los procesos y la menor dependencia respecto a las personas dentro del mundo del trabajo han tenido como primera gran consecuencia una precariedad laboral que ya alcanza niveles sistémicos. De no ser por este escenario nadie hablaría ahora de la necesidad de una renta básica universal. Sin embargo, los mercados parecen empecinados en tomar caminos distintos: después de eternizar la precariedad, parece que el siguiente ataque apuntará directamente a nuestro sistema de pensiones. Es decir, jóvenes y viejos somos y seremos compañeros de viaje, irremediablemente.
Tras un tiempo de expectativa de cambio y de que la política volviera a copar nuestras tertulias diarias, podemos aseverar que sustancialmente aún –y subrayo este aún– seguimos como estábamos. El cinturón sanitario de la política española no aisló al partido más corrupto de Europa. Todo lo contrario: lo legitimó de la forma más vergonzante. Triste final para un proceso catártico, acompañado por la decepción de un cambio que nunca llegó, o que no pudo ser.
Ya casi nadie niega que vivimos una guerra económica entre las élites y la ciudadanía, y que muchas de las estructuras democráticas se han resentido –y se siguen resintiendo– a causa de un conflicto que se revela, cada vez, de forma más injusta y desigual. No podemos permitirnos más deserciones ni tampoco más desánimo. Por ello es necesario que nos entendamos de una vez por todas, también en el plano generacional. Facilitemos, por tanto, este diálogo entre jóvenes y mayores de manera más activa y participativa. Lo que afecte a unos debe doler a los otros, solidariamente. Porque aunque pareciera que nuestra visión de la realidad es antagónica, la coincidencia de nuestras necesidades es también más palmaria que nunca.
Que no nos pueda la soberbia ni tampoco la extrema prudencia. Esta gran coalición es nuestra verdadera asignatura pendiente.
