Uno de los tres pilares del gobierno socialista de Susana Díaz en Andalucía es la defensa a ultranza de la educación pública, pero esta defensa no está siendo todo lo resuelta que cabría esperar ya que, después de mantener prácticamente todos los conciertos con los centros privados con los que mantenía acuerdos hasta ahora, unos 600 en toda Andalucía, también sostiene una política de no reposición de medios técnicos y humanos en los centros públicos, como lo corroboran las constantes reclamaciones tanto de sindicatos como de numerosas asociaciones de madres y padres de la comunidad autónoma.

Un ejemplo de ello es la campaña de recogida de apoyos iniciada en el portal change.org por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público Joaquín Turina de Sevilla. Tienen la intención de hacer llegar sus reclamaciones, bajo el título “SOS por la educación pública”, directamente a la presidenta de la Junta andaluza. En este colegio público de Infantil y Primaria, tanto padres como profesores se sienten “desbordados” por una situación que no es nueva y que está afectando al normal discurrir de una enseñanza pública de calidad.

“Al coincidir dos bajas de profesores sin cubrir se dificulta mucho el trabajo y no podemos hacer las actividades y proyectos planificados con la calidad que merecen”, se quejan en el escrito que pretenden hacerle llegar a la presidenta andaluza.

A esas dos bajas de profesores se suman otras ausencias que son también necesarias y que descuadran por completo los planes de estudio y de trabajo en el centro educativo. La Delegación Provincial de Educación de Sevilla, lejos de reponer con inmediatez las bajas de los profesores deja muchos de estos puestos sin cubrir, con lo que se hace necesario que otros compañeros deban acudir al auxilio fuera de sus responsabilidades para no desatender la educación que merecen estos niños.

Un colegio público de Sevilla inicia una recogida de firmas lanzando un “SOS por la educación pública”

Este curso 2016-2017 la Administración andaluza decidió suprimir el profesor de apoyo y refuerzo educativo que tenía el colegio. Además, el resto de bajas se sustituyen solo parcialmente y con mucho retraso, lo que obliga a los demás profesores a cubrir estas ausencias con un trabajo que no les corresponde a ellos.

“La Consejería de Educación mantiene un criterio exclusivamente económico en su política de sustitución de las bajas del profesorado. La primera baja de la plantilla no la sustituye. Nos preguntamos por qué”, denuncian. De la segunda en adelante, la Junta solo las sustituye a partir de los 15 días. Cuando se reclaman explicaciones a la Delegación Provincial de Educación, la respuesta siempre es el silencio. “No hacen nada. No entendemos cómo se dice apostar por la educación pública manteniendo este tipo de situaciones y actuaciones”, critican a través de esta iniciativa ciudadana vía internet.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle.

Ni siquiera el notable descenso demográfico que está experimentando la población educativa en Andalucía a causa directa de la crisis económica está repercutiendo en una mejor calidad de la educación pública en la comunidad andaluza y los recortes también son palpables, pese a que desde la Junta se asegura que la educación pública es una apuesta decidida del Gobierno de Susana Díaz.

La situación de este colegio es tan kafkiana que incluso se está atendiendo al alumnado “cogiendo todo el horario del equipo directivo”, tanto horario de coordinación del profesorado como del dedicado inicialmente a reducción para mayores de 55 años, al que tienen derecho según la ley vigente. Actualmente, 13 profesores y profesoras mayores de esta edad, que gozan de una reducción horaria de dos horas lectivas a la semana, están utilizándolas para cubrir necesidades que deberían ser cubiertas por la Administración con reposición de interinos y otros profesores de apoyo, algo que no se lleva a cabo en la actualidad.

Recientemente, la Consejería de Educación de la Junta logró abortar el anuncio de movilizaciones masivas de la enseñanza privada concertada, la inmensa mayoría de carácter religiosa católica, ante la posibilidad de que la Junta ejecutara el cierre de líneas concertadas debido a la baja natalidad. Esta amenaza provocó que la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, se aprestara rápidamente a prometer no cerrar líneas concertadas que mantuvieran una demanda de alumnos y además que cualquiera de las que se clausuraran por este motivo pudieran ser repuestas en un futuro no concretado en función de que un giro en la actual dirección demográfica así lo indicara.

Otro flanco que se le ha abierto recientemente a la Consejería de Educación es el de las guarderías, después de haber promulgado un decreto ley que limita las becas y también reduce el precio del servicio público. El Gobierno de Díaz pretende incrementar en 2.500 las plazas ofertadas de educación infantil de cero a tres años pero con idéntico presupuesto al que se tenía hasta ahora. El malestar de este sector tampoco se ha hecho esperar.

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