El dictamen del Congreso, respaldado por la mayoría de la oposición, ha puesto de manifiesto en la Comisión de Investigación que bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, se creó una estructura policial destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP.

En este sentido, los socialistas Juan Carlos Campo y David Serrada, han presentado en rueda de prensa el dictamen con las conclusiones, respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

“El dictamen que hoy ha aprobado la Cámara pone de manifiesto que hemos vivido una de la páginas más negras de nuestra democracia y que a la vez la fortaleza de la democracia, a través de los distintos mecanismos, en este caso con la fuerza del parlamentarismo, es capaz de poner de relieve esa responsabilidad política en la que incurren aquellos que ostentan un poder, como ha quedado delimitado con el encargo que nos hizo la Cámara”, han explicado los diputados socialistas

Por su parte, Mikel Legarda, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en la Comisión de Investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior con fines políticos, ha considerado hoy “confirmado” el uso partidista de medios humanos y materiales en el Ministerio del Interior contra adversarios políticos durante el mandato de Jorge Fernández Díaz y ha añadido que, por tanto, “se ha confirmado una responsabilidad política ministerial”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Legarda ha señalado que a pesar de que “no ha habido pruebas de cargo concluyentes en términos penales, hemos tenido una serie de indicios múltiples, diversos a lo largo del tiempo, de fuentes distintas, no contradictorias entre sí y conducentes a la misma conclusión”.  “Los motivos que nos llevaron a apoyar la creación de esta Comisión de Investigación, las sospechas de que se podían haber cometido irregularidades para perseguir y perjudicar a adversarios políticos, han quedado confirmadas”, ha asegurado.

Aunque Ciudadanos se ha abstenido, sin embargo, ha reconocido que “ha habido dejación de funciones políticas y ha quedado clara la incompetencia de Jorge Fernández Díaz y de Ignacio Cosidó”, según el secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, al presentar las conclusiones del partido liberal en la Comisión de Investigación sobre la Utilización Partidista en el Ministerio del Interior y en referencia al exministro del Interior y al exdirector de la Policía Nacional. Para Gutiérrez, “solo la incompetencia de Fernández Díaz y Cosidó ha podido orquestar peleas profesionales y celos en la cúpula del departamento de Interior”.

El Diputado jeltzale del PNV, por su parte, que también ha presidido esta Comisión de Investigación, ha sido crítico con los trabajos de la misma, que “ha funcionado a trompicones”, ha dicho, por su comienzo tardío debido a la enfermedad del ex Ministro, con “un parón provocado por algunos Grupos que impedían el acuerdo respecto a las comparecencias, y con una documentación que no ha llegado de manera eficiente”. En este mismo sentido, el diputado vasco ha asegurado que “si hubiéramos tenido más tiempo y sosiego se podría haber aquilatado más”.

Tal y como ha señalado el propio Legarda, al margen de las conclusiones aprobadas por la Comisión, cada Grupo se ha reservado la posibilidad de presentar votos particulares o enmiendas, que serán elevadas a Pleno para debatirlas cuando se establezca un orden del día para ello. El Grupo Vasco, por su parte, registrará mañana el escrito en el que indicará cuáles son las conclusiones que mantiene para el Pleno.

Consentimiento del ministro

El socialista Juan Carlos Campo, por su parte, ha informado en su comparecencia ante los medios de los cuatro puntos incluidos en el acuerdo mayoritario, cuyas conclusiones son que en el ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó por orden del Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, con el consentimiento y conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción  que afectaban al PP, al seguimiento, investigación y en su caso, la persecución de adversarios políticos.

En el dictamen se señala que estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.

Además, en tercer y cuarto lugar, se deja claro que no se ha juzgado a la policía, cuyo comportamiento amplísimamente mayoritario obedece al mandato constitucional y legal que tiene encomendado.

Y se hace una llamada de atención que elevan al Pleno de la Cámara para exteriorizar el poco aspecto colaborativo que ha tenido el Gobierno en la remisión de la documentación que de una manera amplia se le ha solicitado.

Todos los grupos parlamentarios van a hacer un voto particular, porque según ha explicado Campo, “el voto particular es simplemente para que el pleno pueda conocer el argumentario y los distintos elementos que da cada grupo por acreditado para llegar a las conclusiones en las que sí hay ese consenso mayoritario”.

En la rueda de prensa ofrecida por el Grupo Socialista, Serrada por su parte ha incidido en que “ha quedado claro que se han puesto trabas por parte de esta brigada, de esta policía política del Ministerio del Interior, a que se continúen investigaciones que tenían que ver con la corrupción del PP”.

“Todo nos lleva a concluir que había una policía política en el seno del ministerio del Interior”, ha sentenciado el portavoz de Interior.

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