[INTRO: No hace mucho, un artículo mío titulado La estafa bilingüe se convirtió en viral, recorrió España, algo de América y apareció en multitud de periódicos, radios, televisiones, blogs, foros, etc., echen un ojo por ahí… Sorprendido por la repercusión, he decidido trasladar la fórmula a todos los ámbitos de la práctica educativa. O se afronta este problema: o no hay solución. Con esta finalidad constructiva nace la serie]
[SEGUE]
12. LA REBELIÓN DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
Vaya por delante que vamos a generalizar y que seremos injustos pero el trazo grueso es necesario, si se quiere abarcar lo suficiente. En dos décadas de experiencia jamás he trabajado con un inspector o inspectora educativa con voluntad de que funcionara un Sistema Educativo. En una web de inspectores andaluces aparece el siguiente lema: “La Inspección de Educación garantizará el derecho social inalienable a la educación en la perspectiva de una sociedad solidaria, justa y democrática”. Ojalá.
A cualquiera que le preocupe la Enseñanza le asedia enseguida la cuestión de por qué no hay una “Rebelión de los Inspectores”, así, apocalíptica, porque teóricamente ellos deben velar, desde un nivel técnico y teórico superior, por la calidad del sistema. En una cita anterior sostuve que “[…] cualquier evaluación del profesorado es una distorsión de la realidad porque se nos exige algo que casi nadie hace en sus clases, ésta es la raíz del miedo cerval a una Inspección Educativa absolutamente inútil porque habla y pide lo que no ocurre en las aulas, esta censura entre la Administración y el profesorado es la sima por la que se hunde todo intento de imponer una Ley Orgánica, no puede haber consenso real sin la participación de las partes implicadas y esa grieta en el terreno educativo cada vez es más ancha y profunda”.
Me resulta triste decir esto, pero no conozco otra imagen de la Inspección Educativa que la de ser correa de transmisión puramente burocrática de los delirios pseudopedagógicos de la nefasta política que hemos sufrido. Miedo cuando no tedio, ésa es la sensación que el término “inspector” provoca en una sala de profesores, y en realidad debería ser un apoyo fundamental, debería compartir experiencias y conocimientos con este profesorado necesitado de herramientas, todos habríamos de reunirnos cíclicamente para unificar trabajos… pero volvemos a lo de siempre, la Inspectora debería ser una reputada profesional con una carrera técnica y de funcionaria docente acreditada, debería optar a los sectores educativos de las materias en las que es competente, sólo deberían llegar los funcionarios más independientes y prestigiosos del ámbito educativo; pero estudien las polémicas históricas sobre cómo se accede a esas plazas… verán.
Un inspector puede estar meses (he conocido periodos anuales completos) sin aparecer por algunos centros “no problemáticos” y no se le echa de menos, al contrario, se trabaja para que no venga; el desapego es absoluto salvo por el temor a expedientes y a la multiplicación del trabajo burocratizado, todo amparado en un desconocimiento casi total de la jerigonza empleada por estas figuras tan parecidas al abogado Saul Goodman de la serie Breaking bad o Better call Saul, esto es: alguien que soluciona los problemas dándoles forma legal independientemente de las causas o los hechos, sin valorarlos, en mitad de esta maraña inextricable legislativa que nos halaga.
Hace falta una inspección que tenga un concepto claro de qué es “[…] el derecho social inalienable a la educación en la perspectiva de una sociedad solidaria, justa y democrática”, la obediencia debida sólo ha servido para justificar lo injustificable, una inspección comprometida con su oficio, cumplidora de la Normativa pero que mire hacia arriba para localizar los problemas y se niegue a perder el tiempo con lo inútil, además de evaluar (¿evaluar?) al profesorado. Sé que esto es trazo grueso, pero éste perfil se parece mucho más a lo que ocurre en un instituto real que lo pretendido por las fantasías; pongamos remedio.
13. NORMATIVA
Una buena Ley Orgánica de Educación pensada para durar no puede ampararse en un modelo metodológico, una moda pedagógica o un criterio ideologizante: debe garantizar un Derecho incluso a pesar de las partes, por malos que sean el profesorado, la Inspección, las Directivas, las Facultades de Magisterio, la clase política dominante o la situación socioeconómica… esa Ley debe garantizar que la función educativa reequilibradora de oportunidades y libertad (esencialmente democrática) se cumpla.
Además debe permitir trabajar responsablemente a los cuerpos docentes al tiempo que les debe exigir el cumplimiento de su cometido. A los profesionales liberales se les hacen encargos, se les pide lo que se necesita, se les obliga a dar cuentas y hasta se opina sobre sus trabajos, pero no se les dice lo que han de hacer, ¿qué sentido tendría, pues, pagar a un ingeniero o una arquitecta?… y no cobran poco, y se les pide responsabilidades. Igual debe ocurrir con un docente, hay que exigirle que cumpla los objetivos previstos pero no se le puede privar de su responsabilidad profesional autónoma; ahora se ha estandarizado al enseñante privándole de Autoridad en todos los sentidos e inoculándole el miedo a no saber lo adecuado (nada en realidad) al tiempo que se le otorga una función semiparental que lo convierte, literalmente, en asalariado de una suerte de guardería cuya función es retener churumbeles bajo su responsabilidad, amenazado por los guardianes de las delegaciones.
Inversión. Dinero. Como en todo, no es la cantidad de dinero sino cómo se gasta; que se garanticen ratios con máximos legales (pensando que una docena ya es un número muy alto), dotación en los centros que ofrezca igualdad en el acceso a los recursos (y no hablamos de tecnología punta precisamente). Carrera profesional docente basada en la experiencia, sobre todo, y conducente a la Universidad y la Inspección. Liberación de la jaula vacío-pedagógica, desmontaje de la burocratización como justificación de un oficio desprestigiado, que no debe consistir tanto en dar clases como formarse para darlas cada vez más profundas y mejor. Autonomía real para el currículo, para los centros, para los docentes. Unas pocas ideas y objetivos nucleares claros, por materia, tramos, ciclos o lo que sea, y la Ley debe marcar sobre todo los contenidos, sobre ésos no habrá discusión si hay consenso previo… Por otro lado, y sin suprimir la participación de las familias, desmontar esa falsa e inútil pseudodemocratización del Sistema Educativo que son los Consejos Escolares, más válidos para comidillas y politiqueo cutre que para el hecho educativo en sí; devolución del papel fundamental decisorio en los Centros a los Claustros y que las Directivas sean canalizadores de la personalidad de los mismos y no al revés; algunos llaman autonomía a colocar peleles obedientes…
Una Ley duradera debe tener este espíritu, además de fomentar cuanto hemos defendido en esta serie de artículos, sería incongruente no pensar así; no me inspira pedagogía concreta, sino la práctica diaria.
[SEGUE]
