En las negociaciones con Ciudadanos para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se comprometió a hacer dimitir a todos los diputados y altos cargos del PP que fuesen imputados en causas judiciales por corrupción. Ahora, Cifuentes tiene un problema. Sobre la cabeza de la diputada popular de la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado, pesa la posibilidad de ser imputada en la pieza separada de la trama Gürtel del llamado “Caso Arganda”. Y un hombre de su confianza en su gobierno, el director general de Transportes, Pablo José Rodríguez Sardinero, también ha sido citado a declarar, de momento sólo como testigo.

Rodríguez Sardinero fue Alcalde de Arganda, localidad situada en el sureste de Madrid, cuando, en noviembre de 2004, se adjudicó a la empresa promotora inmobiliaria Martinsa una parcela para construir en dicho municipio. Operación que desembocó en uno de los mayores pelotazos de la trama Gürtel. Un pelotazo que provocó la elevación, por parte de la constructora, de su previsión de ventas en 198,3 millones de euros, según se desprende de un informe elaborado por la Intervención General del Estado, remitido al juez de la Mata, el instructor de la pieza separa en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, en el que aparece el testimonio del arquitecto contratado para llevar a cabo dicho proyecto de viviendas, Gilbert Balbany. Dicho arquitecto es el que aporta las cifras que, posteriormente, fueron ratificadas por otros informes elaborados por la Oficina Nacional de Inspección, la ONI de la Agencia Tributaria. En el mismo se detecta el cobro por parte de la empresa de Francisco Correa de la mayor comisión de toda la trama investigada: 25 millones de euros. La empresa de Correa cobró dicha comisión en concepto de intermediación de la operación, una cantidad que probablemente se cargó en el sobrecoste señalado por el arquitecto de Martinsa.

Para llevar a cabo esa operación, el Ayuntamiento de Arganda tuvo que recalificar, en enero de 2006, una enorme parcela en lo que se llama el plan parcial de reforma interior de la Unidad de Ejecución 124. Una recalificación llena de irregularidades que ahora trata de esclarecer el juez De la Mata. De momento hay varios imputados, entre ellos el presidente de Martinsa, el constructor y promotor inmobiliario, Fernando Martín.

De la Mata iba a llamar en calidad de imputada a María Josefa Aguado, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid que en la época investigada, era “jefa de deportes de la Sociedad Fomento de Arganda del Rey”, según consta en el auto judicial. Pero el juez cambió de idea al comprobar que Aguado es aforada. Entonces decidió ofrecerla declarar voluntariamente en un plazo de treinta días. De lo que se desprenda en dicha declaración dependerá si se solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid su intervención, al imputar a la parlamentaria.

En cualquier caso, hay voces que exigen al juez De la Mara que cierre lo más rápido posible esta pieza separada. Probablemente, la menos conocida de la trama Gürtel pero de la cual se obtuvieron jugosas e ilegales comisiones. El propio Bárcenas llegó a declarar que Aguirre y Rajoy conocían la operación.

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