Foto de Agustín Millán.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reconoce el derecho de los inquilinos a una vivienda adecuada, tras la demanda presentada por Javier Rubio (Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES), al ser agotados todos los recursos de la familia de Mohamed Bourmouz, de una vivienda del IVIMA en 2013, gobernando el partido Popular y siendo la alcaldesa Ana Botella, -en su mandato el IVIMA vendió vivienda pública a fondo privados de inversión especulativqos “Fondos Buitre

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El dictamen ha sido presentado a la prens0a por los miembros del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC: Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Center for Economic and Social Rights (CESR), Dullah Omar Institute, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Social Rights Advocacy Centre (SRAC), Observatori DESC, Ana Maya Aguirre y Jackie Dugard, en Madrid.

La familia Mohamed Bourmouz, Naouel Bellili y sus hijos,   fueron desalojados de la vivienda que alquilaban, el 3 de octubre de 2013, después de que venciera su contrato de alquiler. La familia, gracias los movimientos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se logra parar el desahucio, pero al final fueron sacados a la fuerza.

España en esos años atravesaba una grave crisis económica con altos niveles de desempleo que terminó afectando a la familia Bourmouz-Bellili. La situación familiar de vulnerabilidad se veía agravada por el hecho de que los hijos de Bourmouz y Bellili quedarían sin techo

Tras agotar los recursos nacionales (es decir, tras solicitar todos los recursos legales razonables en el ámbito nacional), la familia Bourmouz-Bellili, representada por Javier Rubio (Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES), presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC).

En junio del 2017, el CDESC publicó sus Dictámenes sobre la Comunicación nro. 5/2015 contra España, reconociendo la obligación del Estado de proteger el derecho a una vivienda adecuada en el marco de la protección de este derecho de los inquilinos.

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El partido Popular gobernaba el Ayuntamiento de Madrid, y el Gobierno de Mariano Rajoy a nivel nacional, redujeron el presupuesto de vivienda en más del 50 por ciento entre 2008 y 2013.

La partida financiera del organismo gubernamental para la vivienda, el Instituto de Vivienda Publica de Madrid (IVIMA, ahora “Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid”) también fue sometida a recortes, concretamente, a una reducción del 11 por ciento entre 2013 y 2016.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidió qué el IVIMA vendiera 2.935 unidades del parque inmobiliario social (de un total de 20.600) y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) otras 1.860 unidades (de un total de 4.700) en 2013, más de un tercio de su parque inmobiliario.

En 2012, el CDESC emitió Observaciones Finales para España, expresando su preocupación por “la reducción de los niveles de protección efectiva de los derechos consagrados en el Pacto que ha resultado de las medidas de austeridad adoptadas por el Estado parte, perjudicando de forma desproporcionada al disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados , las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo (art. 2, párr. 1)” (Observaciones Finales, párr. 8). Las reducciones del presupuesto, de hecho, no habían tomado en cuenta “la situación precaria de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”, como lo estableció el Comité en su Declaración sobre la Máxima Disponibilidad de Recursos de 2007.

Los miembros del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico de la Red-DESC, intervinieron en el caso, entre ellas, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Center for Economic and Social Rights (CESR), Dullah Omar Institute, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), Social Rights Advocacy Centre (SRAC), Observatori DESC, Ana Maya Aguirre y Jackie Dugard, proporcionando material internacional y de comparación para apoyar un examen adecuado del caso por parte del CDESC

El Comité reconoció el derecho de los peticionantes a una vivienda adecuada, considerando que, en “ausencia de argumentos razonables del Estado respecto de todas las medidas adoptadas con el máximo de recursos disponibles, el desalojo de los peticionantes, sin que las autoridades del Estado parte garantizaran una vivienda alternativa, […] y que constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada” (párr. 18).

El CDESC destacó las obligaciones positivas del Estado de garantizar la no repetición y de proteger el derecho a una vivienda en casos en los que el desalojo esté justificado (por ejemplo, dada la “ausencia de pago del alquiler” o “daños en la propiedad”, párr. 15.1). En tales casos, es necesario que se cumplan ciertas condiciones:

  • Aceso a recursos efectivos.
  • Consulta con las personas afectadas.
  • Consideración de opciones alternativas.
  • Garantía de que ningún otro derecho será violado como consecuencia del desalojo
  • Protección especial para los grupos vulnerables y suministro de vivienda alternativa (párr. 15.2).

 

El CDESC emitió recomendaciones:

  • El Estado debe evaluar la situación actual de los actores.
  • Asegurar que tengan acceso a una vivienda adecuada.
  • Pagarles una compensación por las violaciones de los derechos y las costas legales.

El dictamen del CDESC, vuelve a reconocer el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, incluyendo los inquilinos.

Tras esta gran victoria para la familia Bourmouz-Bellili y los movimientos sociales que la apoyaron en España, es necesario su aplicación por el gobierno de España y los gobiernos autonómicos y municipales.

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1 Comentario

  1. ¡¡¡Ah, bueno, pues ya está, ahora mismo voy a ir a ese lugar que dice la ONU para pedir “mi vivienda digna en España!!!

    Esto es de chiste.

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