Las denuncias contra los crímenes del Franquismo, y otras contra delitos cometidos durante la Guerra Civil Española, como las matanzas de Badajoz y Paracuellos, se encontraron con el obstáculo infranqueable de la ley. Esa es la razón por la que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han solicitado reiteradamente que la Ley de Amnistía sea derogada. Según todas estas organizaciones la Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre) incumple con las normativas mundiales en la materia. Desde 2009, la ONU ha reclamado por activa y por pasiva la derogación sin obtener respuesta positiva por parte del Gobierno español.
No han sido las únicas. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han solicitado su supresión, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.
la ONU ha reclamado la derogación sin obtener respuesta positiva
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y los distintos organismos internacionales recuerdan que las torturas y las desapariciones forzosas no quedan sujetas a amnistía de ningún tipo. El gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2009, respondió cuestionando la competencia del Comité de la ONU, ya que la Convención contra la Tortura se creó con posterioridad a la Ley.
El Comité, pese a reconocer que la Ley de Amnistía es anterior a la entrada en vigor de la Convención, solicitó a España que esos delitos de tortura y desapariciones forzadas fuesen investigados. Solicitó igualmente que el Estado prosiguiera con el esclarecimiento de la suerte de las víctimas. Algo complicado porque, como expresa el politólogo Ramón Cotarelo: “España no puede encarar con justicia su pasado, porque se construyó sobre una monstruosa injusticia cuyos testimonios se cuentan por decenas de miles en las fosas de las cunetas”.
Expolio
La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas firmada por la ONU en 1992 impondría a España la obligación de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de desapariciones. Con timidez, a decir de algunos críticos, el PSOE respondió con la Ley de Memoria Histórica. Una ley que, como recuerda Cotarelo, le hizo ver al PSOE “el oscuro rostro de la bestia del pasado español y decidió limitarse a abrir aquellas (cunetas), pero sin anular nada ni pedir responsabilidades”.
Ayer, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron la petición de Unidos Podemos de derogar la Ley para poder condenar a los asesinos y torturadores. Con esa decisión, populares, socialistas y la formación naranja se oponen a las demandas internacionales. La Ley de Memoria Histórica no sirve a este propósito porque sólo se juzgarían situaciones políticas y no otras cuestiones que quedarían al descubierto. Lo retrata Cotarelo: “detrás vendrán las demandas patrimoniales porque los fascistas no solo asesinaron a mucha gente y la encarcelaron injustamente, sino que perpetraron todo tipo de robos, expolios, confiscaciones fraudulentas […] mucha gente ha vivido muy bien de lo que robó a los republicanos vencidos, exiliados, fusilados”.
En el fondo, el funcionamiento de las estructuras y las personas encargadas de ellas siguieron siendo las mismas. Y no solo eso: La constitución se encargó de blindar que así siguiera siendo, como comentamos aquí: http://unalatadegalletas.blogspot.com.es/2016/01/espana-y-sus-elites-extractivas.html